El discurso en Moncloa es claro. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no puede contener las salidas de tono de una Isabel Díaz Ayuso que condiciona no solo su acción política, sino también su argumentario. El jefe de los conservadores hincó rodilla en Buenos Aires. En su gira por Latinoamérica, el gallego validó las soflamas de la presidenta regional, lo que para el Ejecutivo evidencia su debilidad orgánica al no verse capacitado para contener a su baronesa. Por ello, el Gobierno ha profundizado en la crisis de liderazgo conservadora, responsabilizando directamente al jefe de la oposición de "dejarse arrastrar" por la dirigente autonómica hacia postulados próximos a la "derecha más extrema". 

Este lunes, Ayuso se situó en el eje del debate público, pero no por sus políticas para elevar la calidad de la Sanidad Pública, sino precisamente para opacar los problemas que denuncian los sindicatos de sanitarios con una colección de alegatos en su ofensiva particular contra Moncloa, y en particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La baronesa conservadora espetó que el plan de la coalición pasa por convertir España en una suerte de Estado totalitario, con la “oposición en la cárcel” y la consumación de un golpe de Estado que derribe los muros de la Casa Real y que de ellos emanen las paredes de un nuevo país republicano.

Acusaciones a las que el PSOE no tardó en responder. “Menos ayusadas y más trabajar en lo que importa”, advertía desde Ferraz la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría. Una réplica a la que se adhirió, en torno a la media tarde del lunes, una nota emitida con dirección a Génova, en la que exigían a Feijóo un tirón de orejas a su deslenguada baronesa.

Entre tanto, en Génova imperaba la ley del silencio. ElPlural.com trató que los populares la quebrantaran, pero sin suerte. Mutismo que resquebrajó el máximo responsable de los conservadores. Feijóo se pronunció desde su gira por Latinoamérica, concretamente desde Buenos Aires. La corrección y la llamada de atención, lejos de producirse, pivotó hacia una suerte de legitimación de las soflamas matutinas de Ayuso.

El gallego atribuyó al Gobierno una hoja de ruta en la que prevalece un “cambio de régimen” para instaurar “otra República”. Declaraciones paralelas a las de Ayuso. El método para acometer el “golpe” se llevaría a cabo mediante la deslegitimación total de las instituciones. España se enfrenta a su mayor amenaza “en 40 años”.

Más leña al fuego

La petición de los socialistas cayó en saco roto y la respuesta al seguidismo de Ayuso la ha comandado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, desde el Palacio de la Moncloa. En las entrañas del imponente edificio presidencial, el Ejecutivo profundizaba en la crisis de liderazgo en la que ven sumido al Partido Popular desde la voladura de puentes por el Consejo General del Poder Judicial.

La consigna es manifiesta: Feijóo no tiene potestad para controlar los contrapesos orgánicos al discurso oficialista. La moderación y la lucha contra la crispación han quedado orilladas. Al menos así lo entiende la facción socialista de la coalición, verbalizada a través de la boca de una Rodríguez que ha exhibido toda la contundencia argumental contra el líder de la oposición.

Feijóo se ha sumado, a ojos de Moncloa, a la “incitación al odio” iniciada por Ayuso, entendiendo el Ejecutivo que las soflamas de la presidenta madrileña no son sino una cortina de humo para eclipsar las movilizaciones de los sanitarios contra el Gobierno autonómico. La ministra portavoz sostiene que la legitimación del discurso cuestiona incluso los consensos básicos.

“Es grave que quien representa al principal partido de la oposición cuestione la democracia española”, ha verbalizado Rodríguez, al tiempo que afeaba a Feijóo su costumbre de “hablar de mal de España” fuera de las fronteras. La portavoz del Gobierno cataloga como “alarmante” que el líder del PP siembre la duda en materia de calidad democrática y sugiere que se ha visto “arrastrado” por Ayuso y “otros fuera de su partido” hacia los postulados “más extremos” propios de la “derecha antidemocrática”.

Impulso a la Sanidad Pública

La batería de medidas acordadas por el Consejo de Ministros ha quedado diluidas entre el ensordecedor ruido de la crispación política. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien no ha desaprovechado la ocasión para aportar su granito de arena a la batalla que libran los sanitarios contra el Gobierno de Ayuso, ha presentado su Plan 5P, concebido para robustecer un Sistema Nacional de Salud lastrado por según qué políticas.

El proyecto de Darias busca un "acceso universal" para quienes lo necesiten y, gracias al acompañamiento de la ciencia, se podrán detectar con mayor velocidad y precisión tumores o diagnósticos poco frecuentes. La ministra de Sanidad sostiene que se trata de un "avance muy importante" que tendrá continuidad en los Presupuestos de 2023, que contará con un montante de 60 millones de euros destinados exclusivamente a medicina. 

En este punto, la ministra del ramo ha enarbolado la bandera de lo Público para posicionarse del lado de los profesionales sanitarios, quienes “siempre han dado lo mejor de sí mismos”. De este modo, ha prometido su ferviente oposición a quienes los “señalan” sin ningún tapujo.

Darias ha reivindicado que la acción de Moncloa pasa por revertir los “recortes sanitarios” de los Gobiernos del Partido Popular. Momento en el cual ha hecho uso de un par de gráficas que prueban, según la titular de Sanidad, los paupérrimos niveles de “formación sanitaria especializada” en autonomías con administraciones de tinte conservador. Es el caso, por supuesto, de Madrid, a la que se ha referido como la “antítesis” en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, tras admitir que la necesidad de duplicar los esfuerzos en materia de inyecciones a la Sanidad Pública, haciendo especial hincapié en las áreas “más deficitarias”, Darias ha denunciado la disminución de un 2% en la oferta de plazas en las ramas de familia y comunitaria. “¿Alguien entiende que siendo esta una de las menos rentables no solo no sigue la estela de todo el sistema, sino que va a la contra?”, se ha preguntado la ministra del ramo, antes de argumentar que "hay que gestionar y planificar".

Transparencia y puertas giratorias

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha presentado el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés. Es decir, el marco normativo que pondrá coto a las puertas giratorias y regulará los lobbies, dando cobertura a un vacío legal que, a su vez, también da respuesta a las peticiones de la sociedad civil.

Se trata de una iniciativa que engordaba el Plan de Recuperación que el Ejecutivo remitió a Bruselas. Un “paso adelante” en cuestiones de transparencia y “buen gobierno” que permiten a España mirar de tú a tú a las democracias del entorno. De esta manera, quedan regulados, por primera vez, las “relaciones” entre los llamados grupos de presión y los altos cargos de la Administración General del Estado.

La ministra del ramo, María Jesús Montero, ha ofrecido una definición de transparencia, que ha salpimentado con las nuevas vías que el anteproyecto trae bajo el brazo, como la creación de un registro de grupos de interés, un código de conducta o el rosario de sanciones para quienes se salgan del marco legal.

Montero ha destacado que la actividad de influencia constituye toda “comunicación directa o indirecta” con el personal público en el momento de la toma de decisiones, ya sea “en el momento de diseño o ejecución” de marcos regulatorios. Dicho de otro modo, toda aquella labor de un grupo para “influir de manera legítima” – enfatizada esta píldora por parte de la ministra – a la hora de acometer una ley.

Montero ha explicado que organizaciones como la ONU o UNICEF quedan exentas de catalogarse como lobbies, así como las propias administraciones públicas o los partidos políticos. “Todos defendemos el interés general”, ha apostillado la ministra de Hacienda, quien también argumentó que las organizaciones empresariales o colectivos profesionales tampoco se considerarán como grupos de presión.