Este martes, el Gobierno validará el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. El texto dará cobertura a un vacío legal que desde hace años denuncian desde la sociedad civil u otros colectivos y organizaciones tanto a nivel estatal como internacional. Según apunta la Cadena SER, el Ejecutivo plantea un endurecimiento en materia de rendición de cuentas, de manera que se facilite a la ciudadanía “un mayor conocimiento sobre los comportamientos que inciden en las instituciones y en las autoridades públicas”, acotando la legislación en torno a las puertas giratorias.

Moncloa imposibilitará que altos cargos de la Administración ejerzan labores profesionales de influencia desde sus empresas tras su cese. Es decir, los denominados lobbies. El texto engloba a ministros, secretarios de Estado, delegados del Gobierno u otros puestos de relevancia públicos y marcaría los dos años alejados de sus funciones para dedicarse a labores vinculadas con sus anteriores competencias.

De esta manera, se pondría coto a movimientos de altos cargos del Gobierno a asesorías o departamentos de relaciones institucionales, dos de las salidas favoritas de los mandatarios españoles, independientemente de su perfil ideológico. De sobra conocidos son el fichaje de un Rafael Catalá recién salido del gabinete de Mariano Rajoy a una empresa puntera de apuestas deportivas o el fichaje de Elena Valenciano (entre otros rostros del bipartidismo clásico) por la consultora que el ex ministro de Fomento José Blanco fundó en 2019.

En el articulado se incluirían sanciones ante este tipo de comportamientos, como la devolución de la compensación por cese -en caso de percibirla- o la inhabilitación durante un periodo enmarcado entre los 5 y los 10 años.

Registro y código de conducta

Asimismo, el anteproyecto gestado en las entrañas del Ministerio de Hacienda y Función Pública regulará las funciones de esos grupos de presión. Por primera vez, define a los lobbies como grupos de interés y adhieren un código de conducta en sus relaciones con políticos y/o funcionarios. Los planes de Moncloa pivotan en torno a la creación de un registro oficial en el que se incluirán todas aquellas personas que intervengan en la “toma de decisiones públicas o en el diseño de leyes” con el fin de poder comunicarse con la cúspide gubernamental “de forma indirecta o directa”.

La Oficina de Conflictos de Intereses será la encargada de tutelar el registro, donde se incluirán datos vinculados a la relación de los conformantes del lobby en cuestión, su financiación y áreas de influencia, así como el importe y origen de los fondos que perciban del erario público. En caso de ejercer labores de representación a terceros, el articulado obligará igualmente a revelar su identidad y el montante destinado estas actividades. En este sentido, los grupos inscritos estarán obligados a difundir “las reuniones y audiencias mantenidas con el personal público, así como las comunicaciones e informes sobre materias tratadas”, siempre según sugiere la Cadena SER.

Por su parte, el código de conducta contará con doce preceptos de obligatorio cumplimiento a la hora de estrechar relaciones con altos cargos del organigrama público. Se acabaron los regalos, favores o servicios para sacar tajada, así como la difusión de información confidencial a la que pudieran acceder por el desempeño de su actividad o la influencia ilícita en la toma de decisiones mediante “presión abusiva”. Moncloa estrecha también el cerco a la representación de “conflictos de intereses contradictorios o adversos”. Antes de cualquier comunicación siquiera, los emisarios públicos han de comprobar su presencia en el mentado registro.