El Ejecutivo gallego se prepara para asumir, a partir del 1 de julio, la competencia sobre el litoral tras un proceso largo y accidentado que ha requerido incluso la intervención del Tribunal Constitucional. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentaron esta semana lo que califican como una “folla de ruta” para gestionar más de 2.500 kilómetros de costa. Lo que no dicen con tanto énfasis es que el traspaso llega con una dotación escasa y muchas incógnitas por resolver.
La competencia se acompaña de apenas 1,2 millones de euros anuales, 36 funcionarios, once vehículos y una transferencia puntual de 687.000 euros para “ajustes logísticos”. Una cifra modesta si se tiene en cuenta la magnitud de la tarea: gestionar más de 1,6 millones de hectáreas, desde playas y marismas hasta zonas de servidumbre y ocupación irregular, en 86 municipios que concentran a más de la mitad de la población gallega.
Un registro que no existe (aún)
Uno de los anuncios estrella de la Xunta es la creación de un registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre. Pero este registro, tal y como admitió la propia conselleira, no estará operativo hasta que todos los expedientes estén digitalizados. La documentación está aún en manos del Estado y sin clasificar del todo, por lo que el citado registro no tiene fecha concreta de puesta en marcha.
Este punto dependerá en gran medida de la comisión paritaria formada por representantes del Gobierno central y de la Xunta, que se reunirá, como mínimo, una vez al año. Su función será clave: resolver discrepancias, coordinar la entrega de documentación y tratar casos de ocupaciones irregulares o de rescates por interés general. Pero la lentitud del proceso y la falta de medios amenazan con convertir esta comisión en un foro de buenas intenciones más que de gestión eficaz.
Promesas normativas y catálogos en camino
La Xunta también ha prometido modificar el decreto que regula el uso del dominio público en la franja de protección marítimo-terrestre, además de integrar todos los permisos, títulos y autorizaciones en un único procedimiento. Esto incluye desde los chiringuitos de playa hasta las instalaciones desmontables o actividades “especiales” por su impacto o rentabilidad. En la teoría, se simplifica la gestión; en la práctica, está por ver si los medios técnicos y humanos disponibles lo permitirán.
Otro de los proyectos anunciados es la conversión del inventario del patrimonio cultural del litoral en un catálogo con carácter legal. Este documento, previsto para el último trimestre del año, incluirá cerca de 500 elementos como molinos, conserveras y salazones. Con él, el Ejecutivo autonómico asegura que podrá poner en valor este patrimonio y garantizar su protección frente a desarrollos urbanísticos. Pero de nuevo, el anuncio se queda en promesa: todavía no hay texto ni calendario detallado.
¿Gestión o propaganda?
Aunque Rueda ha evitado por ahora hablar de reestructuraciones profundas en su Gobierno, no descarta cambios en niveles intermedios. Eso sí, ha descartado tajantemente crear una nueva consellería, pese a la magnitud de la competencia asumida. Una señal más de que el traspaso llega sin los refuerzos institucionales necesarios y que, más allá del gesto político, el operativo sigue sin estar cerrado.
El presidente gallego tampoco ha perdido la oportunidad para envolver el anuncio en una retórica triunfalista, presentando a Galicia como referente europeo en gobernanza costera. Para ello, ha avanzado la creación de un Pacto Galego polo Litoral con todos los sectores implicados, así como la reactivación del Foro do Litoral, un órgano consultivo cuya efectividad ha sido, hasta ahora, más simbólica que real.
Galicia, pionera… con letra pequeña
La Xunta presume de ser la primera comunidad en regular su litoral de forma propia. Pero la ley gallega ha sido polémica desde el primer momento, con varios artículos impugnados por el Gobierno central. La asunción de competencias llega, por tanto, en un contexto de conflicto político, jurídico y administrativo, donde el discurso de soberanía choca con la realidad de un traspaso precario.
A falta de ver cómo se desarrollan los próximos meses, lo cierto es que la Xunta hereda una tarea compleja, con mucha documentación pendiente, medios limitados y objetivos ambiciosos. Si todo queda en titulares, el litoral gallego podría convertirse en otra oportunidad perdida. Si, en cambio, se gestiona con rigor, podría ser un paso hacia una costa más protegida, ordenada y sostenible.
La polémica de Moaña y la concesión de Eva Cárdenas
Preguntada sobre si será la Xunta quien deberá resolver la solicitud presentada por Eva Cárdenas -pareja del líder del PP y expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo- para obtener una concesión hasta 2037 de una franja de dominio público marítimo-terrestre que comunica su vivienda en Moaña con la playa do Con, la conselleira Vázquez aclaró que será el Estado quien decida sobre este caso. “Hay competencias que asume la Xunta y otras que competen al Gobierno central”, explicó la conselleira, que precisó que las solicitudes con carácter indemnizatorio, como esta, seguirán en manos del Ejecutivo estatal.
