La Xunta de Galicia se prepara para asumir la gestión del litoral gallego a partir del próximo 1 de julio, una transferencia de competencias largamente esperada y que, según el Gobierno autonómico, permitirá una regulación más eficaz del uso del dominio público marítimo-terrestre. Entre las medidas anunciadas figuran la creación de un registro de concesiones, un procedimiento unificado para otorgar licencias, un catálogo del patrimonio cultural de la costa y un plan para dar una segunda vida a edificaciones ya existentes, incluso reconvirtiéndolas en hoteles. Sin embargo, esta ambiciosa hoja de ruta no alcanzará uno de los casos más mediáticos y políticamente delicados: la vivienda de Eva Cárdenas, pareja del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, construida en dominio público en la playa de O Con, en Moaña.
El inmueble, propiedad de la inmobiliaria Niebla Azul —de la que Cárdenas es administradora—, se encuentra en situación irregular desde hace años. Ocupa suelo público marítimo-terrestre y su legalización depende de una concesión indemnizatoria cuya tramitación está en manos del Gobierno central, concretamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A pesar del nuevo marco competencial que entrará en vigor en unas semanas, la Xunta reconoce abiertamente que no tendrá margen de actuación sobre este caso concreto. La propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, señaló este lunes que la resolución del expediente es “competencia exclusiva del Estado” y que la Administración gallega no intervendrá, al menos de momento, en su desarrollo.
Esta afirmación choca con el discurso de firmeza y orden que la Xunta está construyendo en torno a la gestión del litoral. Vázquez, acompañada por el presidente gallego Alfonso Rueda, explicó tras la reunión semanal del Consello da Xunta que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un paquete normativo destinado a controlar las ocupaciones, autorizar nuevos usos y proteger el valor ambiental y patrimonial del litoral gallego. Según avanzó, se constituirá una comisión mixta entre el Gobierno central y la Xunta para la entrega de expedientes y documentación, entre los cuales figuran casos de ocupación irregular del dominio público similares —aunque no idénticos— al de la vivienda de Cárdenas.
El plan incluye además la creación de un órgano consultivo en el que estarán representados la patronal, distintos sectores económicos, entidades ecologistas y administraciones locales, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y pluralidad a la toma de decisiones. También se trabaja ya en unas nuevas directrices de ordenación del litoral, que deberán establecer los criterios para futuras concesiones, y en un catálogo de bienes patrimoniales situados en la franja costera, algunos de los cuales podrían rehabilitarse con usos turísticos como hoteles o centros culturales.
A pesar de lo ambicioso del proyecto, la Xunta no ha fijado plazos concretos para la puesta en marcha de estas medidas. Ángeles Vázquez pidió “tiempo” para desarrollar el nuevo marco legal y técnico, y evitó detallar cuándo estará listo el registro de concesiones o el procedimiento integrado para tramitar nuevas licencias. La conselleira tampoco aclaró cómo se abordarán los conflictos ya abiertos ni qué criterios se aplicarán a los inmuebles en situación irregular.
Vivienda de Eva Cárdenas
En lo que respecta al caso de la que Miguel Delgado, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), tacha como “mansión ilegal”, la resolución continúa su curso.
ElPlural.com ha vuelto a preguntar por los plazos al órgano competente pero, en el momento de redacción de estas líneas no ha obtenido respuesta. Hace algo más de un mes, fuentes cercanas explicaban a este periódico que “en principio” iba a “tardar un tiempo en pasar algo” dado que el Servicio Provincial tenía que analizar todas las alegaciones y que la damnificada, en este caso la esposa del presidente del PP, podía volver a presentar alegaciones.
Versión de Eva Cárdenas
De acuerdo con lo solicitado por el representante legal de Eva Cárdenas, se recoge su versión y se parafrasea lo que piden que se publique como rectificación:
"Que la llamada (por su principal detractor) "mansión ilegal" no ha sido declarada así ni por sentencia judicial firme ni por resolución administrativa, ni consta incoado ningún procedimiento judicial al respecto; que su construcción es anterior a su adquisición por parte de Dña Eva Cárdenas Botas, cumple con la normativa que le es de aplicación, que el muro no ha sido edificado por Dña Eva Cárdenas, que se ha limitado a la conservación del mismo; que la dificultad del acceso a la playa no le es imputable a Dña Eva Cárdenas, sino a los dos tramos rocosos que hay a su lado y que no es una "playa privada" y que el cartel que prohíbe el paso y las boyas han sido instaladas por Costas por el mal estado del muro".
