La Mesa del Congreso se reúne este jueves para, entre otras cuestiones, decidir si finalmente admite o no a trámite la proposición no de ley de Junts que reta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Un debate que se produce en el marco de las amenazas de ruptura de Carles Puigdemont y compañía al PSOE si éstos, junto a sus socios de Sumar, vetan la iniciativa de los juntaires. Los letrados de la Cámara no recomendaron decisión alguna en concreto, pero sí que sugirieron a los independentistas que reformulasen la redacción del texto en caso de que sea admitido a trámite para reforzar su carácter eminentemente político.
Junts registró la PNL el pasado 9 de diciembre, pero socialistas y magentas hicieron valer su mayoría absoluta en el órgano rector del Congreso de los Diputados para posponer la decisión sobre la tramitación de la iniciativa. Todo ello, a expensas del informe de 14 páginas que emitieron los servicios jurídicos de la Cámara y que, en resumen, dejaba en manos de la Mesa la decisión final, aconsejando a los neoconvergentes que retocasen ligeramente el texto de la proposición para enfatizar el calado político de la misma, al tiempo que recordaban que la herramienta constitucional de la cuestión de confianza es competencia exclusiva del presidente del Gobierno.
De este modo, PSOE y Sumar ganaban tiempo para analizar el informe de los letrados de la Cámara, quienes abrieron la puerta a que la Mesa adoptase cualquiera de las posibilidades de las que dispone al no existir precedentes similares. Un balón de oxígeno que también sirvió a los socialistas para ganar tiempo en la negociación con Junts. Situación a la que no quita ojo el socio minoritario de la coalición, que ha postergado su decisión sobre la iniciativa de los independentistas a expensas de un acuerdo entre ambas partes que evite la confrontación. Máxime en tiempos en los que los neoconvergentes no sólo han subido el precio de sus votos favorables, sino que incluso amenazan con dinamitar todos los puentes con Ferraz.
Lecturas políticas y cortoplacistas al margen, los servicios jurídicos de la Cámara precisaron que al tratarse de una PNL carente de efectos jurídicos y que no fuerza al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el Pleno. Espacio que motivó al Partido Popular, tercero en discordia en la Mesa del Congreso, a manifestar su contrariedad a la postergación del debate al considerar que no existían argumentos consistentes para su veto. Su portavoz nacional, Borja Sémper, arguyó que es un debate “necesario para España” porque el jefe del Ejecutivo “no quiere ejercerlo por sí mismo”. En cualquier caso, la previsión es que el órgano rector tome una decisión con la misma información jurídica del pasado mes de diciembre.
Texto reformulado
Lo más probable es que el debate se salde con el veto de la mayoría progresista de la Mesa a la iniciativa juntaire, aunque no se descarta que se pida a sus impulsores, siguiendo las recomendaciones de los letrados, que se reformule la proposición no de ley. Una postura que no comparten los socialistas, quienes se mantienen firmes en el rechazo a la propuesta de Junts al entender que el debate carece de sentido, calificándola incluso de “extemporánea”.
Sumar comparte hasta cierto punto las sensibilidades de sus socios de la coalición, aunque el Grupo Plurinacional todavía no ha adoptado una postura en firme, lo que indican la presencia, por mínima que sea, de cierto debate intestino. Y es que el grueso de la fuerza magenta no tiene previsto desmarcarse de sus aliados en la Mesa al entender la PNL como una maniobra de Junts en la que no debe caer el Ejecutivo. Sin embargo, hay voces internas, como los emisarios de Compromís, que abogan por el debate. “No hay que tener miedo a la democracia”, sugería la valenciana Àgueda Micó. Lo que sí es cierto es que el voto de estos es crucial para la decisión final del órgano rector.
Lío a la vista
Mientras en la Carrera de San Jerónimo se dirime esta batalla, en la sala de máquinas de Waterloo persisten en la estrategia de presión hacia el PSOE. En estos últimos días, todos los pesos pesados de Junts han advertido del carácter decisivo de esta votación y su peso en la agenda legislativa del Gobierno, aún con los Presupuestos Generales del Estado para 2025 en el aire. Moncloa ha modulado el discurso en este sentido, pasando del optimismo del presidente para presentar el proyecto en el primer trimestre de este curso al mantra de que se puede gobernar con las cuentas públicas prorrogadas, lo que concede cierta tranquilidad al Ejecutivo. Al menos eso es lo que transpira de los muros de Moncloa.
Los de Carles Puigdemont erosionan esa calma chicha que proclama el Gobierno, aseverando que la legislatura entraría en “colapso” en caso de que la cuestión de confianza recibiera el portazo de la Mesa. “Es legítima y necesaria”, reiteraba el expresident catalán. Y es que la lectura que extraerían de esa negativa es que Ferraz no se vería capaz de “restablecer la confianza”. Así que, según sus conclusiones, llegado el caso “habría que tomar decisiones que no gustarán al PSOE”. De hecho, el líder de los neoconvergentes ha convocado a los miembros de la permanente de su partido este viernes para analizar el rumbo a tomar tras la decisión de la Mesa. Un encuentro que, en resumen, marcará el futuro de la legislatura.
