Los agricultores y el sector del campo llevan varios días protestando en diferentes provincias de España por la crisis que atraviesa el sector, la falta de rentabilidad de sus productos, los bajos precios, los aranceles impuestos por Estados Unidos y la competencia desleal de terceros países. Estas protestas se han traducido en numerosos paros de carreteras que han causado importantes problemas de tráfico y de abastecimiento.

Estos paros de carreteras, sin embargo, no son solo una forma de expresar el malestar de los agricultores, sino también una consecuencia de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que contemplaba penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes de huelga. Esta derogación fue aprobada por el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en marzo del año 2021, con el apoyo de ERC, EH Bildu, JxCat, Más País, Compromís, BNG y la CUP.

El PP, en contra de la despenalización

Para ser más precisos, la despenalización, propuesta por el PSOE y pactada dentro del acuerdo de coalición con Unidas Podemos, salió adelante con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, sumando 189 votos a favor y superando con holgura la mayoría absoluta necesaria para modificar una ley orgánica (176 diputados). Por su parte, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra (151 diputados), mientras que el PNV, el PRC y Coalición Canaria optaron por abstenerse.

El artículo 315.3 del Código Penal establecía que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses". Esta disposición fue introducida por el gobierno de José María Aznar en el año 1995 y endurecida por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, en el marco de la reforma del Código Penal que también incluyó el delito de sedición.

La derogación del artículo 315.3 del Código Penal fue una de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que consideraban que se trataba de una norma que criminalizaba el derecho de huelga y la libertad de expresión. Además, argumentaban que existían otras figuras penales para sancionar las conductas violentas o coactivas que pudieran darse en el contexto de una huelga, como el delito de desórdenes públicos, el de daños o el de atentado contra la autoridad.

Esta situación contrasta con la que se vivió durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando se produjeron centenares de detenidos por participar en piquetes de huelga o en protestas sociales. Un ejemplo de ello fue el caso de dos sindicalistas a los que la Fiscalía llegó a pedir siete años de cárcel por agresión durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Otro ejemplo fue el de los más de 100 detenidos que se produjeron durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

Agricultores colapsan las principales carreteras de España para exigir precios justos y menos burocracia

Por otra parte, volviendo a las protestas de los agricultores y ganadores, estos han colapsado este martes con sus tractores las principales carreteras y vías comarcales de España para exigir precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural.

En concreto, los agricultores de toda España han planteado protestas para este martes en diversos puntos del país, incluidas tractoradas, tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica y Portugal.

Por su parte, el Gobierno ha trasladado su "respaldo más absoluto" a los agricultores, ganaderos y pescadores ante las protestas que están protagonizando. Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que el Ejecutivo "entiende las preocupaciones del sector primario" y se hace cargo de ellas, poniendo como ejemplo una medida extraordinaria de 270 millones de euros que va a ir dirigida a beneficiar a más de 140.000 agricultores en España.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes.