“Máximo respeto”. Así ha despachado este jueves Félix Bolaños los paros simbólicos de la judicatura contra la Ley de acceso a la carrera judicial y fiscal. Protestas que se celebraron a 24 horas de que el articulado se someta al primer examen en el Congreso de los Diputados. El Pleno debatirá las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y Partido Popular, encuadrado, además, en un clima hostil hacia la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y un rosario de escándalos que laminan la imagen de la judicatura. Se prevé que el texto, definido por el ministro del ramo como una “reforma valiente”, pase su primera reválida y abra un plazo de 24 horas para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas parciales – si las hubiera – a la normativa de Justicia.
El Ejecutivo se ha esmerado en que esta legislatura -lejos aún de ser recordada por la Vivienda- sea la de la renovación del decimonónico sistema judicial. Por ese carril circulan las constantes explicaciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para repeler los ataques a una normativa que nació entre las críticas de toda la carrera judicial. A Bolaños no sólo no le preocupan los reproches de jueces y fiscales. Es más, se ha encargado de reiterar su “profundo respeto” a las opiniones contrarias, provenientes mayoritariamente de sectores y asociaciones conservadoras.
Lo que sí trae de cabeza al ministerio es la utilización de la ley como arma arrojadiza contra el Gobierno, acusándolo de quebrar el principio de separación de poderes y el de “imparcialidad”. Por ello, Justicia elaboró un decálogo para contrarrestar lo que consideran “bulos” sobre la reforma. Bolaños admite públicamente que el recelo es “humano”. Máxime en un sector como el judicial, que no suele conjugar con los procesos de renovación. “Todas las reformas que se han acometido desde la llegada de la democracia se recibieron con rechazo y diversidad opinativa”, sostiene el ministro antes de remarcar que hoy son “grandes consensos democráticos”.
Por una justicia moderna
Los argumentos que plantea Justicia parten de una premisa que rima en consonante con otras reformas de calado en otras áreas. El ministro Bolaños aboga por amoldar al sistema judicial a los estándares del siglo XXI, pero también a los países del entorno. Por ello, redunda en la necesidad de “europeizar” el acceso a la carrera judicial y fiscal; además de democratizarlo con arreglo a la igualdad de oportunidades por estrato social con una partida “ambiciosa” de becas para sufragar una de las oposiciones más duras. “Cumplimos una exigencia histórica de la carrera”, justificaba el ministro ante los medios de comunicación.
Bolaños: "La Justicia no se merece cronificar los problemas de toda la vida"
En paralelo, tan pronto como se apruebe la ley, se llevará a cabo la “mayor convocatoria de jueces y fiscales” de la historia del país, con casi 1.500 magistrados nuevos diseminados en tres convocatorias anuales; así como el proceso de regularización de juezas sustitutas, que suponen el 80% de su total, cuya selección la presidirá un magistrado del Tribunal Supremo. Argumentos que a ojos del ministro desarticularían los reproches de jueces y magistrados, cuyas quejas se nutren de la tesis de que el Gobierno busca el control total del sistema judicial. Uno de los “bulos” que el ministerio combate a través del citado decálogo.
Con todo, en fueros socialistas y monclovitas se llega al debate con aires de optimismo. Pese a que reiteran públicamente que ellos no deben publicitar el sentido del voto de cada grupo, sí admiten en privado que ven factible que la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal apruebe el primer examen de su selectividad particular. Sobre todo, porque los inputs que llegan desde los grupos que conforman el bloque de la investidura es que tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox. Dos partidos a los que Bolaños ha acusado de haber convertido la reforma en un arma arrojadiza contra el Ejecutivo, sacándolo del “debate sosegado” que reclaman desde Justicia.
De ahí que Bolaños insista en afrontar la controversia en los márgenes del proyecto de ley, para así evitar “frases grandilocuentes que no se corresponden” con lo que recoge la reforma. Así, entiende que el debate ha de girar sobre si la judicatura se abre a modernizarse o, por el contrario, sigue en el “inmovilismo”. “La Justicia no se merece cronificar los problemas de toda la vida”, esgrimía el ministro, al tiempo que evitaba esclarecer si tiene atados todos los apoyos para sortear las enmiendas a la totalidad, subrayaba que trabajan a destajo para que la iniciativa “vea la luz lo antes posible”.
Amenaza de huelga
Después de que el ministro compareciera ante los periodistas en el Escritorio del Congreso, un número considerable de jueces y fiscales frenaban su actividad durante diez minutos en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de esta reforma y la encargada de renovar la estructura de la Fiscalía. Sostienen que sendos articulados dañan al Poder Judicial “en su función de contrapeso del poder político”. Por ello, dan un paso más y avisan al Gobierno de que la puerta de la huelga no está en absoluto cerrada.
A las puertas del Tribunal Supremo y a escasas 24 horas del debate de totalidad en el Congreso, más de cien jueces y fiscales se han concentrado contra las reformas planteadas por Bolaños. Los togados recibieron el apoyo de otras personas ajenas a la carrera que se han concentrado en el Parque de la Villa de París en señal de solidaridad al grito de “valientes” y soflamas presuntamente en favor de la “independencia judicial” y “libertad”. “Sólo nos quedáis vosotros y la UCO”, señalaron.
Los paros simbólicos han recibido el apoyo de sindicatos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, entre cánticos contra el Ejecutivo y en especial contra su presidente, Pedro Sánchez. “No es un gobierno, es una mafia” o “Familia Castejón, todos a prisión” son las proclamas que se han escuchado en la concentración de la judicatura.
