El caso de Leire Díez ha resucitado viejos fantasmas de la política española. Sobre todo aquellos que oscurecieron la vida pública en la década de los 2010 en adelante. En plena ebullición del caso Gürtel y con la maquinaria de la policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy bien engrasada, las alcantarillas de Génova estaban transitadas por todo tipo de fontaneros al servicio del PP para amortiguar el impacto de la principal causa contra los conservadores. ElPlural.com ha accedido en exclusiva a uno de los audios que explican el funcionamiento de las “cloacas del Estado”. Concretamente una llamada de teléfono datada del 6 de septiembre de 2013 entre la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo. Ambos sugieren que quien fuera director general de la Policía, Ignacio Cosidó, dio orden de apartar al agente que investigaba la trama corrupta. Un sospechoso habitual del submundo policial que vio su carrera cercenada por jactarse del “control” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Ignacio Cosidó se sumó a las filas del Partido Popular tras ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, escalando en el organigrama paulatinamente hasta convertirse en uno de los hombres de confianza del entonces líder de la formación y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Senador desde 2004, Cosidó hizo carrera interna en materia de Interior y Justicia, lo que le catapultó de las Cortes Generales a la dirección general de la Policía; cargo que ocupó entre los años 2012 y 2016, mientras la sombra de Jorge Fernández Díaz se proyectaba sobre el departamento de Interior y diseñaba el arma parapolicial para enterrar a enemigos y cualquier trama corrupta que lastrara la imagen del Partido Popular.
Su etapa al frente de la Policía fue controvertida, aunque en diferido. Cosidó se granjeó la figura de fontanero de las “cloacas del Estado”, siendo partícipe de la policía patriótica de Interior. El cuerpo subterráneo dedicó todos sus esfuerzos a la elaboración de informes contra enemigos políticos, basados en pruebas prefabricadas y persecuciones bajo tierra que luego trascendían el mundo de lo mediático, para acabar parapetado en la Justicia, que coteja el caso con parsimonia.
Fontanero patriótico
Tanto es así que, a día de hoy, la Operación Catalunya o el informe PISA no salen de la actualidad política. Sobre todo en el Congreso de los Diputados gracias al acuerdo de PSOE y Junts para investigar la trama contra los líderes catalanes del procés a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, este mismo año, Cosidó acudió a sede judicial para dar explicaciones sobre la pieza separada que investiga la guerra sucia contra Podemos en la Audiencia Nacional.
El exsenador del Partido Popular, donde ejerció como portavoz del Grupo Parlamentario hasta 2019, declaró como testigo el pasado 9 de enero de 2025. Testifical en la que se desvinculó por completo ante el juez de las decisiones “operativas” que adoptó la policía patriótica en la trama contra el partido que entonces lideraba Pablo Iglesias. Incluso llegó a apostillar que tan sólo conoció el dosier sobre la presunta financiación ilegal de los morados cuando llegó a los medios de comunicación.
Cosidó ha eludido a los tribunales, a pesar de ser el jefe de la Policía durante los gobiernos de Mariano Rajoy. En cualquier caso, redirigió las cuestiones operativas del Cuerpo al comisario Eugenio Pino, por entonces director adjunto operativo (DAO), así como a la mano derecha del ministro Fernández Díaz, el secretario de Estado de Estado de Seguridad, Francisco Martínez -recientemente detenido e imputado junto a Pino en la macro causa-.
El caso se abre paso entre despistes y negaciones por parte de la parte imputada. No obstante, esta narrativa se ha combatido con los inesperados testimonios de policías que, por el contrario, acreditan la existencia de una policía patriótica durante el mandato de Mariano Rajoy para debilitar a los enemigos políticos del Partido Popular y, como doble efecto, repeler a Podemos del Gobierno de la Nación.
Caída en desgracia
Las “cloacas del Estado”, sin embargo, no liquidaron políticamente a Cosidó. Fue un desliz el que tumbó al exsenador. Ocurrió durante su etapa como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En 2018, mientras el Gobierno intensificaba su guerra contra el procesismo catalán, PP y PSOE coincidieron para abrir por enésima vez las puertas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Socialistas y conservadores, de hecho, sellaron un acuerdo que a los de Génova les garantizaba su dominio de la cúpula judicial.
Sobre ello se jactó ante una representación de senadores del Grupo Popular, provocando un terremoto político e institucional. El mensaje se filtró a los medios de comunicación y venía a confirmar que el acuerdo con los socialistas les permitía “controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás”. El pacto tenía como fin colocar a Manuel Marchena como presidente del CGPJ, aunque la filtración truncó el acuerdo y el nombramiento. De hecho, el propio magistrado declinó el puesto.
Aquella frase supuso el fin de Cosidó. Su imagen quedó absolutamente dañada, incluso dentro del Partido Popular. Tanto es así que presentó su dimisión como portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta en noviembre de 2018, pese a que estiró su aforamiento hasta el final de la legislatura.
Desde entonces, Cosidó ha mantenido un perfil bajo, alejado de los focos, sin que conste que haya asumido responsabilidades políticas o judiciales por sus palabras. Su figura, no obstante, se mantiene como símbolo de una época del PP marcada por el oscurantismo, las interferencias en la justicia y el desprecio por la separación de poderes.
