El nombre de Manuel Morocho ha vuelto a saltar a la palestra este martes después de que ElPlural.com haya publicado en exclusiva uno de los audios de las conocidas como cloacas del Estado que tuvieron lugar durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de uno de los innumerables nombres que aparecen damnificados en aquella trama parapolicial de la que formó parte el excomisario José Manuel Villarejo y que afectó a políticos, empresarios, periodistas y un largo etcétera.
En la presente conversación queda claro que Juan Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, ordenó una instrucción contra Morocho, inspector del mismo cuerpo que lideró la investigación contra la trama Gürtel, cuya sentencia provocaría en última instancia la salida del Ejecutivo de Rajoy de la Moncloa.
La grabación a la que ha tenido acceso este medio de comunicación, de la que forman parte Villarejo y la otrora secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, profundiza en las contantes denuncias que el propio protagonista de estas líneas ha venido haciendo con el paso de los años acerca de las presiones y trabas que sufrió al tratar de sacar la verdad a la luz.
Lleva años denunciando presiones
Manuel Morocho fue inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y uno de los hombres fuertes contra la corrupción del ahora principal partido de la oposición, entonces en el Gobierno. De hecho, sus informes sirvieron como base de las condenas de la Gürtel y están considerados “los más decisivos” a la hora de responder a la corrupción ‘popular’ en los últimos años.
El agente lleva años exponiendo las maniobras que supuestamente sufrió para ser apartado del caso en forma de instrucciones de superiores para eliminar de sus informes sobre la contabilidad en B referencias a Cospedal, entonces también secretaria general del partido; así como al marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, y a altos cargos de la formación.
En sede judicial -la Audiencia Nacional-, Morocho ya se refirió en 2021 a una indicación que habría recibido en 2013 cuando aparecieron los llamados papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Así las cosas, en el momento de hacer sus primeros informes, le habrían dicho de quitar las menciones a López del Hierro alegando que era amigo de Villarejo. Con todo, se refirió a otros mandos policiales y enmarcaba las primeras tramas en 2008, es decir, antes incluso de que se produjeran las detenciones del caso.
Distracciones y sobornos
Aquel mismo año -meses antes- compareció en la comisión parlamentaria que investiga la operación Kitchen y expuso cuestiones que con las últimas informaciones suenan cada vez más plausibles.
Entre las cuestiones que dirimió en aquella ocasión se encuentran las supuestas donaciones de empresarios en negro al PP en 2014, que fueron trasladadas desde su oficina en la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa dirigida por el supuesto jefe de policía de Interior, Eugenio Pino.
En el maremágnum de nombres, la intención parecía clara: “sacarle” de la unidad y “trasladar a los órganos superiores del Ministerios de Interior” de Jorge Fernández Díaz, que “ya no trabajaba en la UDEF para calmarles”, al estar preocupados por sus investigaciones acerca de la financiación de la formación conservadora.
En ese momento, el investigador tuvo que compatibilizar varios puestos de trabajo -tenía que seguir trabajando por ley para el juzgado-, y es ahí done empezó lo que él calificó como “barreras” y “sobrecarga de trabajo” con el objetivo de “apartarle de la pieza separada” que estudiaba la contabilidad paralela del PP a través de elaboración de informes inútiles que pretendían que firmara para blanquearlos con su prestigio.
Entre estos informes que Morocho no accedió a dar el visto bueno se encuentra el informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S.A.) que intentaba atribuir una financiación ilegal a Podemos. En este sentido, al inspector también se le atribuyó el análisis de otros informes “apócrifos” sobre la familia de Jordi Pujol o respecto del incremento patrimonial de Villarejo. A la postre, fueron informes que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ni siquiera se miró, sino que sirvieron, según declaró Morocho, para mantener distraído.
Cuando estas prácticas no surtieron efecto, denuncia que intentaron comprarle desde la DAO para que se fuera al sector privado, sin éxito. En el momento en que empezó a ver indicios de la Kitchen para investigarlo, cuenta cómo la Dirección policial intentó convencer al protagonista de este artículo de que había abierto una investigación policial independiente a la familia Bárcenas que, en la práctica, contenía datos ‘a medida’ y, la mayoría de ellos, conocidos.
Entretanto, con el paso del tiempo, Morocho se ha referido a la posible implicación de Francisco Martínez, ex número dos de Interior. Asimismo, destacar que el inspector confirmó las actuaciones corruptas de otros pesos pesados del PP en todos estos casos, como la de Francisco Correa, quien definitivamente “controlaba la contratación pública” en Arganda del Rey, epicentro de la Gürtel.
