El caso de la conocida como ‘UCO patriótica’ ha cobrado nueva relevancia tras el fichaje por parte de Isabel Díaz Ayuso de uno de sus presuntos integrantes: el exjefe de fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO), Juan Vicente Bonilla. Sin embargo, más allá de su incorporación al Gobierno de la Comunidad de Madrid, las denuncias en sede judicial apuntan a la existencia de una red más amplia, compuesta por otros tres agentes de la Guardia Civil que habrían desarrollado funciones clave para supuestamente favorecer al Partido Popular: acceso a bases de datos reservadas, labores de contravigilancia y elaboración de documentos técnicos usados en procedimientos judiciales.
Según consta en el atestado nº 190 -al que ha tenido acceso ElPlural.com- presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, dirigido por el juez Santiago Pedraz, los nombres de estos tres agentes son L. H, O. V. V y F. G. S. R. Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
Una red de apoyo dentro del cuerpo
En el citado atestado judicial se detalla que estos tres guardias civiles “estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil”, información a la que solo se puede acceder bajo autorización oficial y con fines estrictamente profesionales. El documento remarca que L.H, además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular.
Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización. Estas actuaciones no solo comprometerían la neutralidad del cuerpo, sino que apuntan a una presunta instrumentalización de los recursos públicos en beneficio de una formación política concreta.
El nexo con Bonilla y su entrada en el Gobierno de Ayuso
El nombre de Juan Vicente Bonilla, hasta hace poco jefe de fuentes de la UCO, aparece como figura central en esta presunta red. El agente fue incorporado en 2023 al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros. Lo llamativo no es solo su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid, sino su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
En este sentido, tal y como adelanta este medio, la denuncia sostiene que Bonilla habría “ocultado información crítica” en diversas diligencias para favorecer los intereses del Partido Popular. En ese contexto, el atestado judicial indica que “Juan Vicente Bonilla, jefe de fuentes de la UCO, […] informaba directamente a José Luis Caramés”, otro nombre clave en la supuesta operativa de este entramado, y al que “sin duda se refieren cuando hablan de la UCO”.
Mensajes reveladores y afinidad política
Las sospechas de connivencia política no se limitan al terreno técnico. ElPlural.com ha tenido acceso a más de 6.300 mensajes intercambiados entre Bonilla y un confidente de la Guardia Civil entre 2016 y 2021. En ellos, Bonilla expresa en múltiples ocasiones su animadversión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llama “inútil”, “felón” y “mentiroso”. Incluso llega a proponer su “destierro” y a referirse a las elecciones como un posible “pucherazo”.
Aunque estas conversaciones no constituyen por sí solas una prueba judicial, refuerzan el contexto en el que se sitúan las denuncias: una supuesta estructura paralela dentro del cuerpo que, movida por motivaciones ideológicas, habría actuado con recursos públicos para condicionar el devenir político e institucional de España.
