La preocupación por la migración crece en nuestro país coincidiendo con los discursos de PP y Vox en esta materia. De un lado, la prioridad nacional de la ultraderecha, y de otro, la campaña reciente contra la regularización que ha llevado a cabo el principal partido de la oposición.
Relación directa o no con los datos que vierte el barómetro de este mes de julio, el organismo de José Félix Tezanos muestra que este asunto pasa a ser la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda. Asciende, por lo tanto, un puesto.
Seguido de ella, lo que más preocupa a la ciudadanía son “los problemas políticos en general” (18,7%), la “corrupción” (17,8%) y, muy de cerca, la “crisis económica" (17,3%). El asunto de la migración es citado en el 23,4% de los encuestados.
Vox impone al PP su prioridad nacional
Vox ha conseguido imponer sus postulados en materia de migración al Partido Popular. Así ha quedado reflejado en las últimas horas en la Comunidad Valenciana, donde la extrema derecha no ha cedido respecto de su prioridad nacional, aspecto imperante para la aprobación de los presupuestos.
Un asunto, el de la prioridad nacional, que también ha estado muy presente en Andalucía, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, necesitaba de los votos favorables de Vox para ser investido nuevamente como máximo responsable andaluz.
Y no solo en la región del sur, sino que el principio de los de Santiago Abascal se ha incluido también en los pactos de gobernabilidad del resto de autonomías en los que la derecha ha ganado; estos son: Extremadura, Aragón o Castilla y León, además de la mencionada.
Todos estos territorios incluyen la oposición frontal a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, así como el rechazo de sus medidas en términos de vivienda. La crítica a la fiscalidad verde y las medidas orientadas a las familias son otras claves de los diferentes pactos, que contemplan muchos puntos en común y alguna que otra pequeña excepción en función del territorio.
Los ‘populares’, en todos los frentes contra la regularización extraordinaria
Entretanto, la regulación extraordinaria de personas migrantes sigue adelante con un Partido Popular lanzado en tromba contra ella y que hace una semana activó una ofensiva en el Congreso de los Diputados. Cabe destacar que la medida nació al amparo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y que la Iglesia Católica, entre otras organizaciones sociales, la han bendecido.
Los de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, han puesto en foco en la gestión del procesos y en el sistema administrativo, empleando términos para ir contra el Ejecutivo progresista como “improvisación” o “colapso” en las oficinas de tramitación desde que el pasado 16 de abril empezara el procedimiento.
El PP registró una proposición no de ley (PNL) en la que sostienen que Moncloa mantiene una “preocupante opacidad” sobre el estado de ejecución del Plan Nacional de implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y sobre los recursos destinados a cumplir las nuevas obligaciones fijadas por la Unión Europea.
Los populares también reclaman un plan específico que garantice financiación suficiente coordinación institucional y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en frontera. Así como disponer de los medios necesarios para los procedimientos de triaje, asilo o retorno. La formación conservadora registró igualmente una batería de 22 preguntas acerca de la medida al Ejecutivo para su respuesta.
No obstante, el PP ha dirigido su guerra contra la regularización en distintos frentes. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió hace unos meses a los tribunales, aunque finalmente el Tribunal Supremo rechazó la paralización que exigía.
Asimismo, Aragón y la Comunidad Valenciana habían presentado recursos contra el decreto que regula este procedimiento extraordinario. Las comunidades consideraban que la medida podría entrar en contradicción con el nuevo marco europeo en materia de migración y habían defendido la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclarara si la regularización se ajustaba o no al Derecho de la Unión.
Finalmente, el TS decidió no elevarlo a las autoridades europeas, lo que supone que el litigio seguirá, por ahora, su recurrido en la jurisdicción de nuestro país, evitando que sea Luxemburgo quien analice en esta fase si la medida encaja o no con el marco comunitario.
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