La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha exigido que las empresas que logren contratos públicos mediante comisiones ilegales o sobornos afronten duras consecuencias por esas prácticas. Además, solicitan que se pongan en marcha de manera inmediata las medidas anticorrupción anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha dejado claro que “tiene que salir muy caro tratar de adjudicarse una obra ilícitamente por medio de comisiones o mordidas".

Para el magistrado es necesario centrar toda la atención en las empresas corruptoras "que tienen que perder todos los contratos que hayan conseguido con sus intervenciones delictivas" y además, demanda que las penas sean "efectivas" para prohibir que este tipo de compañías vuelvan a concurrir en concursos públicos. Según el portavoz, el punto de mira debe ponerse sobre las empresas corruptoras y no tanto en endurecer las penas; “No hace falta agravar las sanciones, que ya son elevadas. Medidas disuasorias a adoptar serían que no sólo se reintegrará el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionará con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones”.

Rodríguez Achútegui ha considerado "un paso en el camino correcto" ampliar el término de prescripción de los delitos de corrupción, aunque ha instado a que el debate político y parlamentario cumpla con "reformas preventivas" y dotar de medios suficientes a "la administración de justicia para atajar esta forma de corrupción".

En relación a la protección de los denunciantes, el protavoz ha expresado que "las garantías de confidencialidad de los denunciantes deben plantearse como se sugiere, es decir, garantizando que sea la fiscalía quien compruebe su verosimilitud, como ha hecho la Ley 2/2023, conocida por whistleblowing, para evitar que puedan prosperar denuncias falsas".

Por último, ha postulado que la administración incorpore a los procesos de licitación pública las garantías que exige la Unión Europea para la concesión de fondos 'Next Generation' y que se introduzcan controles adicionales mediante de herramientas de inteligencia artificial que permitan una detección más rápida de estos casos por parte de los órganos judiciales.

Las medidas de Sánchez 

El presidente del Gobierno ha presentado un paquete de 15 medidas para poder frenar la corrupción, elaboradas en colaboración con la OCDE y enriquecidas con aportaciones de otros organismos.. Sánchez considera que los mecanismos de prevención de la corrupción deben aplicarse tanto en las instituciones como en el ámbito empresarial. "Este plan supondrá el mayor impulso a la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en este país", ha prometido el presidente del Gobierno.

Entre sus ejes principales destaca la creación de una Agencia de Integridad Pública que centralizará la supervisión y persecución de prácticas corruptas, además de la extensión del modelo de control aplicado a los fondos Next Generation a toda la administración. Se incorporará inteligencia artificial a las plataformas públicas para detectar anomalías en las contrataciones y se exigirá a las empresas licitadoras sistemas de cumplimiento normativo y control anticorrupción.

También se impulsará una nueva Ley de Administración Abierta con mayor transparencia y se establecerán controles patrimoniales aleatorios a altos cargos, además de auditorías externas obligatorias a partidos con financiación pública. Se garantizará la protección legal, confidencial y efectiva de los denunciantes, al tiempo que se crearán canales internos obligatorios en las empresas. El plan refuerza la Fiscalía Anticorrupción y propone juzgados especializados para delitos contra la administración, con procedimientos más ágiles. Finalmente, se impulsarán campañas de concienciación y formación en integridad para el sector público, con revisiones periódicas del cumplimiento del plan.

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