Ayer el BOE recogía los nueve primeros indultos del año, que reducen penas a condenados por diversos delitos. Según informa Civio, dos senteciados por falsedad de documentos son miembros de cuerpos de seguridad del estado, un Guardia Civil y un policía local.

El Guardia Civil era Antonio Tamayo, miembro de Tráfico en Jerez de la Frontera, que fue condenado por falsificar un documento oficial. En su caso puso una multa falsa al exmarido de su mujer, inventándose la sanción por no tener la matrícula visible. Esta pena se demostró como falsa gracias a fotografías y análisis posteriores.

En 2015, la Audiencia Provincial le condenó a 3 años de cárcel porque consideraron que lo hizo para perjudicar al exmarido. Fue indultado a petición de la propia Audiencia Provincial quien lo pidió,  se rebajó la condena a dos años, haciendo así evitable su ingreso en prisión.

En el caso del Policía Local, la falsificación de documentos fue para beneficiarse a sí mismo. El hermano del policía José Romero conducía un quad de manera inapropiada, cuando una patrulla de Tráfico le detuvo, pero él se dio a la fuga.

Gracias a un testigo y a la matrícula del vehículo, consiguieron identificarle, pero Romero, que era policía local de la localidad de Carmona (Sevilla), creó unos documentos que verificaban que su hermano había denunciado el robo del quad el día de antes.

Posteriormente, se comprobó que los documentos de la denuncia eran falsos, y los dos fueron condenados. La pena al policía local fue mayor a la de su hermano, y superaba los dos años de cárcel. Gracias al indulto, se pudo librar de la pena de prisión y solo tuvo que pagar una multa de 4.500 euros y la inhabilitación durante dos años como policía, lo que le hizo perder su plaza.

Otro de los casos de indulto es el de un hombre al que se le devuelve la posibilidad de ostentar la patria potestad, aunque estaba condenado por sustracción de menores.

Con estos nueve ya suman 17 los indultos otorgados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Civio notifica que “del mismo modo que ocurría con el Ejecutivo anterior, los decretos no incluyen las razones concretas que motivaron la decisión, pese a que una sentencia de hace cinco años del Tribunal Supremo lo exige.”