Tras conocerse que la inhibición de una jueza a pronunciarse sobre el futuro del hijo menor de Juana Rivas, el Ministerio de Igualdad urge a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para revisar y aplicar medidas eficaces ante casos de violencia vicaria en España, cuando en 2024 se contabilizaron nueve asesinatos de menores por esta lacra.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado pronunciarse este viernes sobre si el hijo menor de Rivas debe regresar o no a Italia, donde reside su padre, al considerar que no es su competencia. En consecuencia, permanecerá en España junto a su madre. Una batalla judicial que se enmarca en ocho largos años de proceso en los que Juana Rivas continúa peleando porque sus hijos no queden bajo la custodia de un padre que, según dictaminó la Fiscalía italiana, había pruebas en su contra de maltrato hacia sus hijos.
Ante esta novedad judicial, desde el departamento dirigido por Ana Redondo instan a que prevalezca “el interés superior del menor” y su consiguiente protección ante violencias de este calibre. “Consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador”, ha dicho la propia ministra.
Ha reiterado a su vez que los Juzgados de Violencia contra la Mujer, Juzgados de Instrucción y de Familia, en caso de que se investigue un caso de violencia de género o vicaria, “pueden y deben proteger y amparar al menor, en aplicación de la obligación del Estado Español de aplicar la diligencia debida recogida en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el Convenio de Estambul”.
Siguiendo a su vez el reglamento internacional y, en particular, el Reglamento del Consejo de la Unión Europea acerca de las resoluciones sobre menores, deja “la puerta abierta” a denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental, aunque ha añadido que este escenario acontece si fuera contrario al orden público o a que la competencia judicial que corresponda al país dónde está el menor de facto, siempre y cuando exista un problema de orden público, considerando a este como un orden constitucional. "El orden público en democracia es el orden basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre", ha enfatizado.
Refuerzo en los juzgados de violencia de género ante el repunte de casos
Bajo el mismo marco, el Gobierno central, en su compromiso de lucha contra esta lacra machista, buscará reforzar este 2025 los juzgados de violencia de género ante el incremento de crímenes machistas en España. El balance del año pasado fue de 47 mujeres asesinadas, nueve menores por violencia vicaria y otros 36 menores que quedaron huérfanos.
En palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este jueves, el Ejecutivo ya trabaja en una modificación de un Real Decreto para adaptar los juzgados especializados en esta materia a la nueva carga de trabajo que supone esta realidad, los cuales asumirán así la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia, séase, delitos como mutilación genital femenina o matrimonio forzado, entre otros casos. Sin embargo, este cambio sustancial no declinará en la construcción de nuevos juzgados, puesto que no será necesario.
