El año 2024 se cerraba hace escasos días con un total de 47 mujeres asesinadas por violencia de género, un notable repunte de la violencia vicaria y 36 menores edad huérfanos al perder a la madre por esta razón. Pese a haberse registrado un descenso en las cifras de víctimas mortales en el último año, la todavía existencia de casos obliga a aumentar incluso los esfuerzos institucionales en esta materia.
En la mañana de este jueves el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha adelantado que el Gobierno ya está trabajando en la modificación de un Real Decreto para adaptar los juzgados de violencia de género a la nueva carga de trabajo que asumirán una vez entre en vigor la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE el pasado 3 de enero.
La información, que ha compartido en su visita a la Ciutat de la Justicia junto al conseller de esta rama de la Generalitat Ramón Espadaler, la ha acompañado también señalando las materias concretas que los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán cuando la norma entre en vigor. En este sentido, serán los delitos de mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual cuando la víctima sea una mujer los que van a pasar a ser competencia de estos juzgados.
La noticia ha despertado cierta alarma entre los magistrados que han advertido de un posible colapso de los servicios ante el aumento de la carga de trabajo. Ante esto, Bolaños ha precisado que, aunque el incremento del trabajo se estima “en torno a un 20%”, hasta que los juzgados asuman las áreas citadas pasarán todavía nueve meses, un tiempo que considera suficiente para adaptar la planta judicial, y en el que se transformarán algunos juzgados de instrucción en juzgados de violencia de género y se ampliarán también los recursos para dar respuesta a este aumento de trabajo.
La nueva ley no contempla nuevos juzgados
En línea con la información acerca de esta reestructuración de los juzgados, el ministro de la Presidencia ha adelantado que no va a ser necesaria la construcción de nuevos juzgados porque “será una sección especializada dentro de los tribunales de instancia”.
Entre otras cosas ha señalado que “crear un juzgado cuesta en torno a 400.000 euros, pero con la nueva ley ya no hay que crear juzgados” y que se podrán asignar jueces magistrados a esas secciones cuyo coste será inferior a 100.000 euros. “El coste que antes suponía crear un juzgado, ahora vamos a poder asignar entre 4, 5 o 6 jueces magistrados a esas secciones. Y por tanto vamos a poder descongestionar, y mucho, los juzgados, también los de violencia sexual”, ha explicado.
Con todo ello, Bolaños ha recordado que el objetivo detrás de esta nueva ley es el de cumplir con los mejores estándares del mundo, de acuerdo con los que establece el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.
