Este lunes el Gobierno de España ha sacado adelante un acuerdo que favorecerá la jubilación parcial anticipada del personal laboral del sector público a través de la aplicación de una tasa adicional de empleo. 

La medida ha sido posible gracias al entendimiento entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los sindicatos CCOO y UGT, que ha permitido que el titular de la cartera, Óscar López, se haya comprometido a negociar un acuerdo plurianual así como a tratar el aumento salarial de 2025 de los trabajadores públicos, algo que ha anunciado hará de manera independiente a la negociación de las cuentas públicas del Estado.

Por su parte, referente a la tasa adicional de empleo, según han podido aclarar desde UGT, esta no computará sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que se puedan sacar más plazas y se pueda aplicar la jubilación parcial con contrato de relevo.

De esta manera, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez atiende a las recurrentes demandas por parte de los sindicatos que buscaban un acuerdo de jubilación parcial, firmado el pasado 18 de diciembre y que entrará en vigor el próximo 1 de abril. Asimismo, el titular de Transformación Digital se ha comprometido con el coordinador del Área Pública de CCOO, Luciano Palazzo, y con el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, a convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI para gestionar los temas que quedan pendientes. 

 

Los sindicatos piden brevedad

Al margen de la satisfacción mostrada desde las organizaciones sindicales, han solicitado al ministro de Transformación Digital que estas medidas se lleven a cabo con la mayor brevedad posible. Buscan con ello que el acuerdo no quede en una “declaración de intenciones”, por lo que instan a López a aprobar la subida salarial del 0,5% pendiente con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024 cuanto antes.

Entre otras cosas, ambos sindicatos han insistido en la implantación del modelo de clasificación profesional de acuerdo al Marco Español de Cualificaciones Profesionales, así como la negociación de las modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.

Por su parte, referente a la jornada laboral de 35 horas, los sindicatos han añadido que su aplicación todavía está pendiente, de la misma manera que la garantía de atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión.

Asimismo, han solicitado que se aplique la creación de empleo neto en las administraciones públicas, la reducción de la temporalidad, el rejuvenecimiento de las plantillas y la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.

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