Ha sido un Consejo de Ministros rápido, sin apenas seguimiento informativo, en vísperas de festivo y cuya rueda de prensa ha sido despachada por Isabel Rodríguez en apenas media hora. Los acuerdos alcanzados no han sido de la envergadura a la que el Gobierno ha acostumbrado a la ciudadanía, y el plan horizonte 2035 pactado con las comunidades autónomas y fundamentado en la respuesta rápida frente a catástrofes naturales como los incendios de este verano, volcanes como el de La Palma o grandes nevadas como la de Filomena ha quedado descafeinado en un turno de preguntas en el que todas las cuestiones viraban sobre un tema central: la enésima excusa del PP para bloquear el CGPJ, el estado de las negociaciones entre Sánchez y Feijóo, la reforma del delito de sedición, las presiones de las formaciones independentistas aceleradas con las quejas de un Carles Puigdemont que sigue haciendo daño desde Waterloo.

Isabel Rodríguez no ha rehuido ninguna de las preguntas. Realizando un ejercicio de infinita paciencia, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo ha contestado a las cerca de 10 preguntas que le han llegado sobre esta cuestión. ¿En qué momento se encuentran las negociaciones? ¿Piensan el presidente del Gobierno o el señor Bolaños descolgar el teléfono para volver a retomar las conversaciones? ¿Hay consenso para reformar el delito de sedición? ¿Qué opinan de las presiones ejercidas por Puigdemont a las que el PP recurre para justificar su rechazo a la renovación del CGPJ? Los interrogantes se sucedían y la respuesta era siempre la misma: “Sobre la situación tras la ruptura de las negociaciones para dar respuesta a la situación anómala y antidemocrática del bloqueo del CGPJ y el TC, el Gobierno se mantiene en su posición, que no es otra que la de cumplir la Constitución. Lamentablemente, hemos visto que no solo se han certificado estos cuatro años de bloqueo, sino que en Génova se mantienen sine die en este bloqueo".

Con esta contundencia, firme en su argumentario, Rodríguez aceleraba en su repulsa a la actitud del PP y proseguía plasmando la situación de debilidad en la que, a su juicio, ha quedado un Alberto Núñez Feijóo preso de las presiones recibidas y de su falta de liderazgo: “Nos dijeron que venía un nuevo líder a gobernar, a liderar, pero solo está obedeciendo a los perfiles más ultras de su formación. Quien no cumple la Constitución queda deslegitimado para pedir cualquier cosa. Para eso ya teníamos a Pablo Casado. El PP es un partido echado al monte que queda inhabilitado".

"¿Qué interés tiene el PP en no cumplir la Constitución? ¿Qué interés tienen en no cumplir con las reglas del juego a las que se someten todos los españoles?", se ha preguntado la ministra de Política Territorial. Superadas las primeras preguntas sobre la renovación del Poder Judicial, Rodríguez sonreía, escuchaba atentamente la enésima cuestión al respecto y procedía a decir lo mismo con diferentes palabras: "Entiendo su interés, pero no me parece menor poner el acento en que es insoportable que el principal partido de la oposición se niegue a cumplir con la Carta Magna, que Feijóo deba pedir permiso para cumplirla y que diga abiertamente que ni la cumplen ni la cumplirán. Con Feijóo no se puede jugar ni al parchís, porque no cumple las reglas. Queda desacreditado ante la opinión pública y su electorado", añadía.

Finalmente, y rizando el rizo por última vez, la portavoz del Gobierno insistía en la idea de que el PP ha quedado descartado como opción seria para pactar cualquier cosa cuando era preguntada por si la mayoría de edad de Leonor en 2023 podría alterar el calendario de las elecciones generales: “El año que viene lo que espero es tener un líder de la oposición que cumpla la Constitución”, decía, para sonrisa generalizada de una sala de prensa que se debatía entre el desinterés frente a la respuesta repetida y las ganas de culminar un seguimiento descafeinado y previo al día de Todos los Santos. “Espero que disfruten del festivo”, zanjaba Rodríguez.

Al margen del CGPJ

La renovación del órgano judicial ha monopolizado la jornada. No es para menos, teniendo en cuenta que existía un acuerdo escrito a falta de firma y que finalmente los puentes se dinamitaron en cuestión de horas, con María Jesús Montero siendo protagonista en la tribuna, Sánchez de gira africana, Bolaños borrándose del Consejo de Estado y Génova viviendo una tarde de llamadas cruzadas en la que los barones territoriales y las presiones mediáticas precedieron a una decisión que suena a déjà vu. Ni el mandato de Bruselas, ni la presión del dimitido Lesmes, ni las promesas anunciadas en platós de televisión por dirigentes como Cuca Gamarra alteraron el resultado que se lleva repitiendo cuatro años: el CGPJ seguirá bloqueado. Y, al menos por el momento, y a menos de que cambien mucho las cosas, así seguirá siendo. “Con este PSOE, no”, dijo Feijóo. “Quedan deslegitimados”, indica el Gobierno.

Con este contexto como telón de fondo, y consciente de la oleada de preguntas a la que se enfrentaría conforme acabase su intervención inicial, la portavoz del Gobierno ha querido anunciar cuáles han sido los acuerdo principales adoptados este lunes en el Consejo de Ministros: el principal, el plan horizonte 2035 para acelerar la respuesta de los ciudadanos frente a catástrofes naturales como las vividas en los últimos años.

"En esta legislatura hemos tenido de todo, desde Filomena al covid, pasando por el volcán, los incendios y la guerra. Hemos visto las fortalezas y también aquellos puntos en los que fallábamos. Ahora presentamos un plan que contó con la unanimidad de las comunidades autónomas”, indicaba la portavoz, arrancando así su comparecencia. "En este plan se dan las prioridades para luchar contra las amenazas de los efectos del cambio climático. El eje de la cogobernanza es prioritario", proseguía.

Sin dar muchísimos más detalles sobre las peculiaridades del plan, la ministra portavoz ha querido dejar claros los tres ejes del proyecto: el cambio climático, la seguridad de las personas y la inclusión territorial de la protección civil; y los cinco objetivos que persigue: fortalecer los organismos de la Protección Civil, ordenar los recursos para que sean interoperables, garantizar la capacidad de las administraciones en su plan de respuesta, fortalecer la cultura preventiva con actuaciones transversales y asegurar la inversión en ciencia. 

Además, y como ejemplo de alguna de las herramientas que se incluyen en este plan y que ya están siendo sometidas a pruebas piloto, Rodríguez se ha detenido en el sistema de alertas ‘ES-Alert’: “Este sistema consiste en que personas que se vayan a ver afectadas por una emergencia o catástrofe serán notificadas con instrucciones sobre cómo actuar".