El Ministerio para la Transición Ecológica llevará este martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el que se pretende acabar con los llamados beneficios caídos del cielo: el exceso de retribución que las compañías consiguen por la electricidad por sus hidráulicas y nucleares que ya están amortizadas.

La ley se enmarca dentro del acuerdo de gobierno firmado por Unidas Podemos y PSOE. Sin embargo, no es hasta ahora cuando, en plena escalada de los precios de la electricidad, Teresa Ribera lleva esta ley al Consejo de Ministros.

“El Gobierno está preocupado por el impacto del precio del Co2 [dióxido de carbono] en el precio de la electricidad y sus posibles consecuencias en la recuperación de las economías domésticas e industrial”, cuentan a El País fuentes del equipo de la vicepresidenta Teresa Rivera a la vez que aseguran que la norma no choca con el derecho europeo.

Ya en la anterior crisis producida por la subida de precios de la electricidad debido a la Borrasca Filomena, Unidas Podemos reclamó a su socio con contundencia que aplicara lo acordado en 2018 para la formación del Gobierno.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen al citado medio que la propuesta busca “acompañar a la industria y a los consumidores domésticos evitando un encarecimiento del sistema que no se corresponde íntegramente con un incremento de los costes reales de la energía que consumen”. Algo que podría suponer que la factura reduzca su precio alrededor de un 5%.

La electricidad que se consume proviene de distintas fuentes. La más cara es la que se produce en los ciclos combinados, en el que influye el precio del gas y del dióxido de carbono. En el mercado europeo estas materias son marginales así que todas las tecnologías cobran el precio de la oferta más cara necesaria para cubrir toda la demanda. Así, la energía nuclear y la hidráulica, que tienen sus inversiones amortizadas desde hace años, reciben esa sobrerretribución que encarece (y mucho) la factura.

El anteproyecto de ley que previsiblemente se aprobará el martes está basado en la “minoración de parte del dividendo de carbono a las plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado”. Algo que afectará directamente a las nucleares e hidroeléctricas. Sin embargo, se quedarán fuera las centrales e instalaciones de menos de 10 megavatios de potencia.