El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha olvidado la “solidaridad” que prometió el pasado viernes para encarar el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno. Tras las amenazas realizadas por Vox tanto desde la dirección nacional como desde los gobiernos autonómicos, los barones territoriales del PP levantaron la mirada y demandaron a Génova,13 un cambio argumental y pragmático en este tema que les permitiese salvaguardar la tranquilidad de sus coaliciones con la extrema derecha.
Dicho y hecho. En menos de una semana, Feijóo, sabedor de que esta vez los ultras no iban de farol, o al menos no lo parecía, ha calmado a sus baronías y ha aceptado construir un discurso adaptado a cada una de las realidades y a cada una de sus mayorías de gobierno.
Vox lanzó el ultimátum a finales de la semana pasada. Lo hizo desde la sede nacional del PP, con un Comité Ejecutivo que finalizó con una advertencia clara de Santiago Abascal, presidente del partido: en los territorios donde los populares aceptasen la acogida de menores migrantes, ellos romperían relaciones y forzarían una repetición electoral. De esta forma tan clara desde Vox dejaron la pelota en el tejado de Génova, así como del propio Feijóo, que si bien escuchó atentamente sus amenazas siguió viendo en la solidaridad autonómica la respuesta para acabar con el drama canario, donde el PP sirve de muleta a Coalición Canaria.
No obstante, su postura ha cambiado en las últimas horas. Las amenazas de Abascal han pasado de dirigirse a la sede central de los populares a centrarse en las administraciones territoriales. En Mazón en la Comunidad Valenciana, en Guardiola en Extremadura, en Mañueco en Castilla y León. Uno por uno. Aviso a navegantes y respuesta de los barones. Porque han sido precisamente ellos los que, tal y como adelantó el diario El País este lunes, han presionado al presidente nacional de su formación para evitar rupturas indeseadas de gobiernos autonómicos.
Conferencia Sectorial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ratificaba este lunes desde Algeciras que la solidaridad voluntaria había fracasada. Pese a todo, manteniendo la firmeza de querer abordar prontamente la Ley de Extranjería, señalaba que esperaba tener los apoyos suficientes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados para presentar posteriormente una reforma de la Ley de Extranjería.
En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Torres recordaba que recibió la encomienda del presidente del Gobierno de presidir la Comisión Interministerial de Inmigración y "automáticamente" se puso "al frente de un trabajo que respondía a un acuerdo entre partidos políticos para la investidura y la legislatura y también un acuerdo entre gobiernos, el de España y en este caso los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias que son los que en estos momentos están teniendo mayor flujo migratorio.
"Tenemos una situación humanitaria a la que hay que responder. Hay 6.000 menores en Canarias, pero también hay una presión de menores no acompañados en Ceuta y en Melilla, y aunque es una competencia autonómica el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una posibilidad de una modificación legislativa que precisa y exige fundamentalmente que los partidos políticos se manifiesten en las Cortes Generales, y previamente a ello hablaremos con las comunidades autónomas el próximo 10 de julio en Canarias", indicaba.
"Explicaremos el acuerdo al que hemos llegado el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, en el que hay financiación suficiente y necesaria, a la que también añadiremos algunas peticiones que nos hicieron los grupos políticos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y espero que después de esa Conferencia del día 10 tengamos los apoyos suficientes para presentar esa iniciativa legislativa", sentenciaba el ministro.
