Soplan aires de rebelión por Génova 13. El Partido Popular tiene ante sí una decisión crucial a tratar, con una fuerte discrepancia entre la dirección nacional y las baronías. El reparto de menores migrantes que Moncloa y el gobierno canario quieren convertir en obligatorio por ley, separa a la cúpula conservadora y tensiona las relaciones con sus socios preferentes, Vox. La división es palpable en los Ejecutivos autonómicos de signo conservador, a pesar de que Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta al pacto con la Administración central para la reforma de la Ley de Extranjería, sujeta a condiciones, eso sí. Según El País, líderes territoriales populares han deslizado no habrá acuerdo para la distribución de los menores, amortiguando las palabras del presidente del partido y reconociendo que no se ha fijado aún una posición de consenso entre las comunidades del PP.
Vox lanzó el órdago la semana pasada a sus socios territoriales. La fuerza ultraderecha, ante la posibilidad de que Feijóo negociase con Moncloa un acuerdo para el reparto de menores migrantes cada vez que Canarias, Melilla y Ceuta tengan sus centros ocupados al 150%. Los de Abascal descargaron toda la presión a Génova, pero el líder de la oposición hizo caso omiso y dio por garantizada la “solidaridad” de las regiones donde el Partido Popular gobierne, ya sea en solitario o de la mano de la extrema derecha. Al margen está la cuestión canaria, donde los conservadores cogobiernan junto a Coalición Canaria, que vive una “situación excepcional”, en palabras del presidente del PP. De ahí, que el jefe de la oposición abriese la puerta al pacto con Sánchez en este ámbito. “Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores para acoger cualquier contingente”, expuso.
Un PP, varias realidades
Sin embargo, la realidad territorial es variopinta y así lo esgrimen los barones del PP. Los líderes territoriales se muestran reacios al acuerdo, incluso deslizan que lo ven imposible, según la mencionada información. Creen que el pacto no cristalizará por las reticencias de diversas autonomías. En este sentido, justifican que al rechazo conservador se suman otros territorios donde no gobierna el Partido Popular, como Cataluña y Euskadi. Por lo tanto, continúan, sugieren que el Gobierno se verá forzado a mantener las cosas como hasta ahora. Es decir, derivando los menores migrantes de Canarias con pequeños cupos de 400 al año y con el visto bueno de las diversas autonomías.
Sus palabras arrojan una nítida discrepancia con la dirección nacional, tirando por tierra la “solidaridad” que manifestó Feijóo el viernes. Las baronías conservadoras apuntan a que el ofrecimiento de su líder no estaba consensuado y las enmarcan la improvisación ante una pregunta que no se esperaba. El PP jugará un papel en clave en la reforma, pues necesitan su voto favorable ante el descabalgamiento de Junts, que también ha exhibido públicamente su rechazo a aprobarla. Los socialistas barruntan que el apoyo conservador es necesario porque gobierna en la mayoría de las autonomías, pero además porque el reparto beneficiaría a tres de sus territorios. Sin embargo, otros territorios conservadores no comparten esta visión provechosa desde el prisma nacional, argumentando que sus sistemas están completamente colapsados.
Algunos de los barones conservadores se aferran al escaso “margen” que tienen para acoger menores, precisando que se han sobrepasado los límites de los recursos de los que disponen. No obstante, defiende que este es un asunto de mayor calado en términos territoriales que el debate sobre la financiación autonómica porque, según expone, es susceptible de que “se vaya de las manos”. En paralelo, auguran un posible “efecto llamada para las mafias” en el supuesto de que se certifique un gran pacto de Estado para reformar la Ley de Extranjería. Posición que contrasta con la opinión de otros líderes territoriales que se abren al acuerdo pero dentro de los márgenes de la “transparencia, la equidad de acogida y una financiación suficiente”; pero entienden que estas condiciones no se satisfacen con el texto que se ha hecho público. En cualquier caso, reclaman un debate orgánico para ahormar una posición de consenso entre todos los territorios y Génova y así afrontar la conferencia sectorial que Moncloa ha convocado para el próximo 18 de julio en Tenerife.
Al margen de la disonancia argumental en el apartado interno, aparece como elemento disruptor la amenaza de la ultraderecha. Sus socios airearon su voluntad de romper los acuerdos con el PP en las comunidades donde cogobiernan y acepten la distribución de menores migrantes. Sin embargo, en Génova no se toman en serio la advertencia. Tampoco sus barones territoriales, quienes incluso hacen una lectura positiva al entenderlo como “un favor”.
