Detrás de las fiestas patronales, los escenarios y los equipos de sonido se escondía algo más que programación cultural. Según la investigación judicial, la trama Púnica articuló un sistema de facturación cruzada y adjudicaciones previamente pactadas para convertir contratos públicos en financiación política encubierta, utilizando empresas intermediarias para desviar dinero municipal hacia actos y eventos del Partido Popular. Este mecanismo, aparentemente técnico y difícil de rastrear a simple vista, se apoyaba en la previsibilidad de las adjudicaciones y en la fragmentación de los gastos, que permitía diluir costes partidistas dentro de presupuestos destinados a celebraciones populares. De ese modo, servicios vinculados a campañas, reuniones internas o actos de promoción política podían presentarse contablemente como parte de la infraestructura festiva municipal, reduciendo el riesgo de control administrativo inmediato.
Lo que hasta hace poco podía parecer una anomalía contractual se ha revelado en la Audiencia Nacional como parte de un esquema organizado que abarcó varios municipios de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2013, entre ellos Móstoles, Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Algete. En el centro de ese engranaje estaba la empresa Waiter Music, propiedad del fallecido empresario José Luis Huerta, que habría sido el vehículo para camuflar gastos políticos como si fueran servicios para fiestas locales.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que muchos de estos contratos fueron predeterminados para que la adjudicación recayera en Waiter Music o sociedades vinculadas a Huerta, lo que facilitaba luego la inclusión de facturas infladas o de eventos ajenos a la celebración municipal.
Un sistema oculto bajo la apariencia de festejos
El relato de los investigadores describe cómo esta ingeniería contable operaba en la práctica. En el caso de Móstoles, por ejemplo, la Guardia Civil ha explicado que servicios de sonido correspondientes a un desayuno informativo celebrado en abril de 2011 —al que acudieron altos cargos del PP madrileño como Esperanza Aguirre e Ignacio González— aparecieron facturados como si hubieran sido ejecutados dentro de las fiestas de mayo de ese mismo año.
Esta técnica, en apariencia banal, se repitió en otros eventos políticos pagados con fondos municipales: actos electorales, desayunos informativos e incluso mítines, cuyos costes acabaron incluidos en facturas de actos festivos.
Otro ejemplo que se ha detallado en sala se refiere a una fiesta campera organizada por el PP en Móstoles y Alcorcón el 8 de mayo de 2011, con un coste total de 12 000 euros. Parte de ese importe se facturó al grupo municipal del PP y al PP regional, pero los 4 000 euros restantes, según los investigadores, fueron cargados a las partidas presupuestarias de las fiestas de septiembre de ese año.
Según la Fiscalía, este patrón no fue un hecho aislado sino parte de un modus operandi estructurado: contratos adjudicados a sabiendas, facturas infladas y gastos políticos camuflados en la contabilidad municipal. La adjudicación irregular, junto con la falsificación de facturas, componían lo que los fiscales y guardias describen como el corazón financiero de la Púnica, un entramado para colocar dinero público al servicio de intereses partidistas.
Quién es quién en el juicio de la Púnica
En el banquillo de los acusados se encuentra Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional, para quien la Fiscalía solicita seis años de prisión por prevaricación administrativa y fraude en la contratación pública.
Granados, figura central en la investigación, ha sido señalado por la Guardia Civil como alguien que utilizó su influencia política para promover estas prácticas corruptas en múltiples ayuntamientos gobernados por su partido. Según un agente de la UCO, Granados tenía poder para “quitar y poner alcaldes” y determinaba adjudicaciones de contratos que beneficiaban a Huerta y sus empresas.
Esta línea de investigación forma parte de una de las doce piezas en que se dividió la Operación Púnica, una macrocausa de corrupción que comenzó en 2014 con la detención de más de 50 políticos, funcionarios y empresarios y que ha ido desgranando múltiples tramas distintas de presunta malversación, tráfico de influencias y adjudicaciones amañadas.
En este juicio concreto, además de Granados, se sientan en el banquillo diversos exalcaldes del PP —entre ellos los de Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz— y otros cargos vinculados a los ayuntamientos donde se produjeron las adjudicaciones irregulares.
Claves de la batalla legal en la pieza Waiter Music
Frente a las acusaciones, la defensa de Granados ha tratado de desvincular a su cliente de la trama. Su abogado ha alegado ante la Audiencia Nacional que Granados no tuvo participación directa en las adjudicaciones ni en la organización de las fiestas municipales afectadas, y ha planteado incluso cuestiones de competencia y prescripción de los hechos.
Este argumento se apoya en que algunos de los hechos se remontan a mediados de los años 2000 y que Granados dejó la alcaldía de Valdemoro en 2003, lo que, según la defensa, podría implicar la prescripción de los delitos juzgados.
No obstante, la Fiscalía y los investigadores mantienen que la pieza separada conocida como “Waiter Music” reúne suficientes indicios de delitos continuados de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos como para sustentar la apertura de juicio oral.
Más allá de Móstoles: un esquema con ramificaciones
Aunque Móstoles ha sido uno de los ejemplos más claros y recientes en llegar a juicio, las prácticas investigadas no se limitaron a esa ciudad. Contratos amañados, facturación cruzada y adjudicaciones predeterminadas afectan también a otros municipios madrileños, con cifras que suman cientos de miles de euros en festejos y eventos municipales adjudicados supuestamente de forma irregular.
Esta ramificación refuerza la idea de que la trama no fue un conjunto de hechos aislados, sino una estructura compleja de corrupción municipal y regional que, en algunos casos, ha tenido consecuencias políticas duraderas, incluidas dimisiones de cargos públicos y reconfiguraciones de poder local.
