La crisis de los incendios se ha convertido en un campo de batalla política. Tras semanas de devastación y reproches cruzados entre administraciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha registrado en el Congreso un plan con 50 medidas que van desde ayudas económicas a damnificados hasta la creación de un polémico registro nacional de pirómanos. La iniciativa ha desatado tanto apoyos como críticas.
El documento presentado por Feijóo se articula en torno a tres grandes bloques: la ayuda inmediata a los afectados, la recuperación económica y territorial de las zonas arrasadas, y un conjunto de medidas de prevención que, según sus palabras, buscan “evitar que España vuelva a enfrentarse a un verano como este”. En el terreno de las ayudas urgentes, el plan incluye exenciones fiscales, moratorias en los pagos y líneas de financiación sin intereses para agricultores, ganaderos y autónomos. También contempla compensaciones directas para los municipios que han visto cómo sus presupuestos quedaban desbordados por la emergencia.
El segundo bloque se centra en la recuperación a medio y largo plazo. Feijóo propone la creación de un Fondo Forestal Nacional que permita invertir en la repoblación de masas arboladas, en la rehabilitación de infraestructuras rurales y en la modernización de prácticas agrícolas y ganaderas. En paralelo, reclama que España acceda a los fondos europeos destinados a la resiliencia climática y que se activen mecanismos de apoyo de la PAC, como las reservas agrícolas, para paliar las pérdidas de quienes viven del campo.
Pero ha sido en el ámbito de la prevención donde más debate se ha abierto. El PP plantea la profesionalización de los equipos de dirección de emergencias, con la designación de responsables técnicos independientes de los vaivenes políticos. También propone reforzar la coordinación entre comunidades autónomas y el Estado, y ampliar el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias y de los medios aéreos en los meses de mayor riesgo. Sin embargo, la medida más comentada es la creación de un registro nacional de pirómanos, que obligaría a las personas condenadas por incendios a portar pulseras telemáticas para controlar sus movimientos.
Este último punto ha generado un intenso debate jurídico y político. Sus defensores sostienen que la mayoría de los incendios son intencionados y que un mayor control sobre los reincidentes puede disuadir nuevos delitos. Sus detractores, en cambio, recuerdan que las estadísticas oficiales rebajan considerablemente el peso de los fuegos provocados y que la mayor parte de los siniestros tienen origen en negligencias o causas accidentales. Además, advierten de que una medida de este tipo podría entrar en conflicto con derechos fundamentales y abrir la puerta a una criminalización excesiva.
Otro elemento de tensión es la distribución de competencias. Mientras Feijóo acusa al Gobierno central de haber tardado en activar los recursos europeos y militares, desde el Ejecutivo replican que la responsabilidad principal recae en las comunidades autónomas, que son quienes gestionan los dispositivos de prevención y extinción. El cruce de acusaciones ha convertido la catástrofe ambiental en un nuevo campo de confrontación política, donde cada actor intenta fijar el relato de la responsabilidad.
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