Durante meses, la versión de Miguel Ángel Rodríguez fue portada: que la Fiscalía había retirado un acuerdo con el novio de Isabel Díaz Ayuso por “órdenes de arriba”. La afirmación, repetida en medios y redes, se convirtió en munición política contra el Gobierno y en un argumento de defensa para la presidenta madrileña. Ahora, meses después, el propio Rodríguez ha admitido ante un juez que todo era falso. Que no había orden superior, ni injerencia alguna, ni pacto desbaratado desde la cúpula del Ministerio Fiscal. Que fue una deducción suya, trasladada como verdad a la opinión pública.
Lo que parecía una batalla mediática se ha transformado en una crisis política de primer orden. El hombre de máxima confianza de Ayuso —y antiguo portavoz del Gobierno de José María Aznar— reconoció haber difundido una falsedad sobre un asunto judicial en marcha. El caso afecta directamente al entorno más íntimo de la presidenta madrileña, pero también a la imagen de todo el Partido Popular, que se enfrenta a un dilema de coherencia ética en pleno intento de proyectar una alternativa de gobierno.
La historia comenzó con el caso de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, investigado por presunto fraude fiscal y falsificación documental. Según la investigación, habría defraudado más de 350.000 euros a través de facturas falsas emitidas por empresas pantalla. Durante la fase de negociación con la Fiscalía, Rodríguez lanzó la acusación de que el pacto con el novio de Ayuso había sido “retirado” por “órdenes de arriba”, insinuando una maniobra política contra la presidenta. La frase fue replicada en tertulias, informativos y columnas de opinión, construyendo un relato victimista en torno a Ayuso y su entorno.
Sin embargo, las pruebas documentales y los mensajes privados revelados por la prensa desmontaron esa versión. En realidad, fue la defensa de González Amador quien propuso el acuerdo, y no la Fiscalía quien lo rompió. La fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, fue la primera en advertir que esa afirmación era falsa. Y el propio Rodríguez, citado a declarar, terminó reconociendo ante el juez que la información no tenía sustento. “Fue una deducción personal”, admitió, confirmando que difundió datos sin verificar sobre una causa judicial en curso.
El reconocimiento no solo expone a Rodríguez, sino que deja en una posición delicada al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha evitado pronunciarse con claridad sobre si el asesor de Ayuso debe dimitir o ser cesado. Su silencio ha generado malestar en varios sectores del partido, que ven en este episodio un golpe a la credibilidad de su discurso contra la manipulación y la corrupción institucional.
Feijóo afronta una decisión difícil: mantener el respaldo a la presidenta madrileña y su entorno, o marcar distancia con una mentira reconocida que ya ha dañado la reputación del partido. En Génova se multiplican las voces que advierten del coste político de no actuar. “Si no hay consecuencias, todo el mensaje de regeneración se viene abajo”, resume un dirigente territorial. Otros, en cambio, apelan a la prudencia y al peso interno de Ayuso, cuya influencia en el aparato madrileño sigue siendo determinante.
El PSOE y Sumar han exigido públicamente a Feijóo que se pronuncie y que cese a Rodríguez, subrayando que “no se puede permitir que un alto cargo mienta para beneficiar a la pareja de una presidenta autonómica”. Desde el Gobierno, las críticas apuntan a la “impunidad” dentro del PP y al doble rasero con el que se juzgan los comportamientos propios y ajenos.
El episodio, sin embargo, trasciende las fronteras partidistas. Vuelve a colocar sobre la mesa un debate de fondo sobre los límites del poder político, la responsabilidad de los cargos públicos y la relación entre los medios, la justicia y la verdad. Cuando una falsedad fabricada desde el corazón de un gabinete se convierte en relato oficial, ¿qué herramientas quedan para proteger la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Debería Feijóo cesar a Miguel Ángel Rodríguez por mentir para salvar al novio de Ayuso?
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