Las empresas eléctricas no han tardado en reaccionar a la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para intentar abaratar el precio de la luz. A través de un comunicado publicado este martes, estas compañías han amenazado con cerrar las centrales nucleares del país, de las que son propietarias, si el Ejecutivo sigue adelante con su plan.

Según argumentan las eléctricas, el plan presentado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros hace “imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”. “Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes”, señalan las eléctricas en el comunicado.

Asimismo, estas compañías también han alzado la voz contra “la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2”. Una serie de trabas que afirman que “conduciría a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad”.

Las seis medidas aprobadas por el Gobierno

Primera medida. Creación de un mecanismo para minorar el exceso de retribución de las compañías eléctricas como consecuencia del efecto amplificador de la evolución del precio del gas, tal y como ha enunciado la ministra responsable.

Segunda medida. Limitación del crecimiento del gas natural en las facturas de gas en un porcentaje de entre el 4,4% y el 5% para los próximos seis meses.

Tercera medida. Creación de un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad.

Cuarta medida. Modificación de la ley del sector eléctrico para crear un suministro mínimo vital, destinado a los consumidores vulnerables beneficiarios del bono social eléctrico.

Quinta medida. Modificación de la ley de aguas, para precisar cuáles son los criterios que aparecen recogidos en el artículo 55, en aras de alcanzar “un uso racional del recurso”, en palabras de Ribera.

Sexta medida. Medidas fiscales significativas, de las que alguna ya había sido anunciada por el presidente del Gobierno.