La vicepresidenta tecera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado el plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros para frenar el impacto de la subida de la luz en el mercado mayorista en el recibo final de los consumidores. Un plan de choque compuesto por seis medidas que supondrá un ahorro de la factura del 22% y que asciende hasta el 30% si se suma a las iniciativas ya aprobadas, según las cifras del Gobierno.

Primera medida. Creación de un mecanismo para minorar el exceso de retribución de las compañías eléctricas como consecuencia del efecto amplificador de la evolución del precio del gas, tal y como ha enunciado la ministra responsable. “Cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales, suben dos euros en el precio del mercado mayorista. Y es ese precio final del mercado mayorista el que reciben todas las comercializadoras, con independencia de cuáles sean sus costes operativos”, explica.

Esta minoración se producirá hasta el 31 de marzo de 2022, coincidiendo con las previsiones de los expertos para la subida de los precios de la electricidad, precisamente hasta ese mes. “Es importante que parte de esa retribución vuelva al sistema, por lo menos hasta que dure la situación sin precedentes en los mercados internacionales de gas”, ha recalcado la ministra, que destaca que es una medida que beneficia a todos, en particular a consumidores domésticos y pymes.

Segunda medida. Limitación del crecimiento del gas natural en las facturas de gas en un porcentaje de entre el 4,4% y el 5% para los próximos seis meses. Aquí, se limita el impacto del coste del gas en la tarifa regulada del gas natural durante los próximos meses, más allá de la factura eléctrica. Según las cifras del Gobierno, está previsto un aumento de la factura de gas de cara al otoño del 28%, “fuera de la capacidad de muchos consumidores, sobre todo en los meses más duros”, con lo que beneficiaría especialmente a familias y pymes.

Plan de choque con cuatro bloques de medidas

Tercera medida. Creación de un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad. “El derecho comunitario permite establecer la fijación de precios respetuosos con las reglas del mercado, no una imposición por parte del Gobierno”, ha explicado Ribera, que apuesta por la creación de subastas de energía a las que las empresas dominantes -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- deberán contribuir con un porcentaje de su capacidad de “generación gestionable, y no emisora”, ha explicado. El objetivo de esta medida es que “las pequeñas comercializadoras y la gran industria puedan optar a las subastas y se fije un precio razonable y distinto del mercado mayorista, normalmente más bajo”.

Cuarta medida. Modificación de la ley del sector eléctrico para crear un suministro mínimo vital, destinado a los consumidores vulnerables beneficiarios del bono social eléctrico. Estos consumidores podrán beneficiarse de la prohibición de cortes en el servicio durante seis meses más con lo que existe a día de hoy, una ley que tienen que respetar las comercializadoras para aquellos consumidores considerados vulnerables extremos.

Quinta medida. Modificación de la ley de aguas, para precisar cuáles son los criterios que aparecen recogidos en el artículo 55, en aras de alcanzar “un uso racional del recurso”, en palabras de Ribera. Es decir, el Gobierno propone fijar una cota mínima de mantenimiento de agua para preservar el ecosistema de agua en embalses en hidroelectricidad para evitar “episodios que a todos nos ha dado vergüenza este verano”, ha denunciado la ministra.

Sexta medida. Medidas fiscales significativas, de las que alguna ya había sido anunciada por el presidente del Gobierno. En este último bloque, el Gobierno ha aprobado la reducción del impuesto especial a la electricidad -que baja del 5,1% al 0,5%, el tipo mínimo que permite la Unión Europea-, la prórroga de la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad hasta el 31 d diciembre por tres meses más y la inyección de 900 millones de euros adicionales de las subastas de CO2 rebajar el coste de la electricidad.

Cumplir con el objetivo de Sánchez

Con estas seis grandes medidas, incluidas en el plan de choque del Gobierno, se pretende cumplir con el objetivo anunciado por el presidente del Gobierno para cerrar el año con un coste similar al de 2018 para los consumidores, siempre teniendo en cuenta la inflación actual. “Este es un Gobierno comprometido con un sistema energético que debe ser limpio, eficiente, contar con precios asequibles y contar con la participación de los actores”, ha asegurado la ministra responsable.  

Ribera ha explicado que la subida de los precios de la electricidad de los últimos meses corresponde a las distorsiones de un “mercado internacional complejo” en el que se produce “un desajuste entre oferta y demanda de gas natural pero que no puede afectar a los consumidores en su vida cotidiana o a las empresas en un momento tan sensible de la recuperación económica”.

Así, el objetivo en última instancia es “bajar la factura de todos los consumidores, dar más protección a los consumidores vulnerables e impulsar la recuperación económica”, para lo que el Gobierno permanecerá “vigilante y activo”, actuando “con rigor y seriedad”. “Son medidas solventes, confiables, compatibles con el marco europeo y el marco constitucional español”, ha destacado la ministra responsable.

Una vez más, Ribera ha querido aclarar un aspecto clave a la hora de hablar sobre la luz y la factura: “No es lo mismo hablar de mercado mayorista de la electricidad que hablar de la factura eléctrica que todo pagamos a fin de mes. Esta reducción se refleja en la factura de los consumidores, no vamos a ver reducción en el mercado mayorista de la electricidad porque tales variables que determinan su evolución están fuera de los límites de los Gobiernos”.

Así, continúa explicando: “Dependen de la cotización de las materias primas, del gas natural y CO2, que dependen de una regulación de funcionamiento del mercado europeo. Ningún Estado miembro puede desafiar o contestar”. Por ese motivo, la ministra ha mandado un claro mensaje: “la capacidad del Gobierno es limitada” y asegura que ha pedido a la Comisión Europea de dar una respuesta “coordinada a nivel europeo”. “Hay que tener una reacción de conjunto para responder a los desafíos y convulsiones de estos momentos”.

Actuando sobre los tres componentes de la factura

“Son medidas que respetan la rentabilidad de las empresas en un momento de recuperación, beneficia a los consumidores, tanto familias como pymes y favorece la competencia de las comercializadoras y la gran industria. Asimismo, también ayuda a proteger el medio ambiente y el progreso de los territorios”, recalca la ministra.

Así, recalca que el Ejecutivo está “actuando en los tres componentes de la factura: cómo se fija el precio de la energía, buscando mecanismos nuevos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista; cómo se responde a los costes fijos del sistema, buscando una reducción muy significativas de los cargos de hasta el 96%, y buscando suavizar las medidas fiscales para adecuar la factura eléctrica a lo anunciado por el presidente del Gobierno”.

Más allá de las medidas para abaratar el recibo de la luz, el Consejo de Ministros ha aprobado inversiones territoriales, ayudas a empresas estratégicas y la ampliación del plazo para acceder a ayudas directas de autónomos y empresas, una medida dotada con 7.000 millones de euros, por la que ahora amplían el plazo para la gestión de las comunidades autónomas.

Por un lado, ha aprobado dos inversiones territoriales para Cataluña y Andalucía, por un importe de 85 y 40 millones respectivamente, destinados a obras en el sistema de transportes. Por otro, han aprobado diversas ayudas de acompañamiento a sectores estratégicos como la industria de maquinaria herramienta, a la ciencia y la investigación y al sector de la ganadería.