El Consejo de Ministros ha aprobado este martes llevar al Gobierno de Aragón y la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central presentará un recurso ante el Alto Tribunal para frenar el blanqueamiento del franquismo emprendido por la coalición del Partido Popular (PP) y Vox con el impulso de la ley de Concordia, replicada en Castilla y León y Comunidad Valenciana. “Para impedir que nadie reescriba la historia blanqueando la dictadura franquista acudimos a la Constitución y a donde sea preciso”.
El encargado de explicar la decisión en la rueda de prensa posterior al encuentro ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Habiendo transcurrido el periodo establecido de tres meses para alcanzar un acuerdo entre administración central y autonómica, vía que ha declinado en todo momento el Gobierno de extrema derecha, la coalición ha dado el paso con el aval del Consejo de Estado y será ahora la Justicia la que tendrá que tomar una decisión sobre la constitucionalidad de la actuación.
El atraso democrático estaba contemplado en el acuerdo de Gobierno de las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y las Cortes de Aragón le dieron luz verdes el pasado febrero, con los votos en contra de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Teruel Existe. Llegados a este punto, el 2 de abril el Gobierno central remitió a la comunidad una comunicación oficial para abrir un diálogo formal, pero “el 16 de mayo nos comunicó por escrito que rechazaba el diálogo”, ha lamentado Torres.
“Completado el expediente y dado que mañana se cumplía el plazo, el Consejo de Ministros ha aprobado el recurso ante el Tribunal Constitucional”, ha continuado desgranando el ministro del ramo, asegurando que la negativa a dialogar no es solo al Gobierno, “sino a las Naciones Unidas, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos”. La ONU ya había dado un toque de atención a las autonomías implicadas por la asunción de las nuevas leyes que blanquean la dictadura y silencian a las víctimas, algo secundado por el Consejo de Estado.
“Se incumple el principio de deber de colaboración con el estado en muchos aspectos”, ha recitado el ministro: “retira las placas de señalización de campos de concentración, de lugares de memoria, elimina del sistema educativa el reconocimiento de las víctimas; elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas y la transparencia de las paginas web”, ha señalado, destacando que el proceder también incumple los artículos 10 y 15 de la Constitución Española. “El Gobierno de España ha querido hablar, pero el PP y Vox no han querido”.
El PP defiende el pacto con la extrema derecha
Lejos de rectificar, y pese a que hasta la ONU ha tomado cartas en el asunto, el PP ha decidido echar balones fuera, negar lo señalado por todos los organismos y señalar, una vez más, a Pedro Sánchez. En palabras de la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, el Ejecutivo autonómico acusa al Gobierno de estar “instalado en una política de confrontación”, pese a haber derogado una ley consensuada para aprobar una ley que blanquea el franquismo y maltrata a las víctimas
“Este recurso va en contra de la autonomía y el respeto a las Cortes de Aragón, que representan a todos los aragoneses y donde se acordó derogar la Ley”, ha trasladado Vaquero. “El Gobierno de Aragón está sustentado por dos partidos, que son PP y Vox, y cuando concurrimos a las elecciones ya avisamos de que nuestra intención era derogar esa Ley porque no representaba nuestra política de convivencia”, ha defendido su pacto con la extrema derecha.
