Yolanda Díaz suma un nuevo paso en su camino a las generales de finales de año. Sumar ha presentado las bases de su proyecto político, elaboradas durante varios meses por unos 35 grupos de trabajo y la participación de un millar de activistas y profesionales. No se trata del programa electoral al uso, pero sí unas nociones de lo que este puede llegar a ser al concluir su confección. No todas las ideas expuestas en este primer boceto están desarrolladas al cien por cien, pero sí hay algunas que llaman la atención, como la bautizada como “herencia universal”; una idea que aún está en pañales, pero que busca un pago de unos 20.000 euros a cada joven que cumpla 18 años para destinarlo a vivienda o cualquier otra necesidad. Este montante se sustentaría sobre el patrimonio de los más ricos.
Sumar ha lanzado un centenar de iniciativas que están recogidas a lo largo de los 35 documentos temáticos que se hicieron públicos este jueves, dando pie a una nueva fase en la formación. Ahora, el partido llama a sus filas a participar con nuevas ideas y aportaciones, además de consultar lo establecido, mediante la web oficial. No será hasta antes del mes de septiembre cuando estas píldoras se consoliden y cogan forman para alimentar el proyecto durante “la próxima década”.
De las ideas más llamativas de esta nueva fase emerge la denominada “herencia universal”. Una iniciativa que podría asemejarse a la renta básica universal que puso Podemos encima de la mesa en 2014. Sin embargo, poco o nada tiene que ver, al menos en su concepción original. En el documento de Bienestar y Derechos Sociales del partido se apuesta por un complemento a las políticas redistributivas tradicionales “con nuevas iniciativas ambiciosas”, sobre la que consideran que habría que “explorar” y “debatir”.
Herencia universal
Se trata de un “sistema público de dotación de capital que se asignará a cada joven” con el objetivo de “difundir la propiedad en la base” y, de esta manera, establecer un coto a la concentración de esta en “la cúspide”. Tras esta explicación algo más técnica se esconde la dotación de una cantidad de dinero a los jóvenes para hacer frente a la precariedad y así destinarlo a inversiones para implementar sus condiciones, como en materia de vivienda o de educación, aunque tampoco limitan su acción.
La iniciativa genera cierta discusión a la hora de su implementación. Hay quien defiende que el montante se percibe a los 18 años, frente a quien fija el rango de edad en los 25. Lo que sí está claro es sobre el pilar que se sustentaría esta suerte de redistribución. El trasvase de dinero saldría de los más pudientes. En Sumar consideran que en su origen ya contribuye a reducir la desigualdad determinada por la brecha de ingresos y riqueza. En el documento presentado este jueves recogen que, según algunos cálculos, esta idea de unos “20.000 euros” universales al alcanzar la mayoría de edad se podría sustentar sobre un impuesto sobre el patrimonio o sucesiones inferior al 10%. De este modo, a juicio de Sumar, se dejaría “exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros”.
La iniciativa, bautizada como “herencia universal”, parte de un concepto de economistas como Anthony Atkison o Thomas Piketty, que establece que la desigualdad de oportunidades deriva de la desigualdad de riqueza y, en particular, está marcada por la “distribución de la propiedad de la vivienda”. “Una herencia universal, en línea con las propuestas de sendos economistas, supone una iniciativa de igualación de oportunidades y distribución más igualitaria de la riqueza social que impactaría fuertemente en las oportunidades de la población más joven”, detallan. A ello habría que agregar el impulso de rentas mínimas “efectivas y generosas”, que estiman como “imprescindibles” para amortiguar la pobreza. Por ello, sugieren un incremento del Ingreso Mínimo Vital con una ampliación en los perfiles de los solicitantes, incluyendo a “personas de menos de 23 años, mujeres en situaciones de vulnerabilidad laboral” o a familias inmigrantes “en situación irregular con menores a su cargo”.
Fiscalidad y riqueza
El documento económico de Sumar alberga una suerte de “reforma fiscal progresista”, que pivotaría sobre el principio de que quien más tenga, más contribuya. Es decir, orientada a los grandes patrimonios y empresas. Así, establecen tres líneas maestras, basadas en el IRPF, impuesto de sociedades y un gravamen a la riqueza.
Sumar pone sobre la mesa “desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.999 euros del IRPF en varios tramos”. El objetivo pasa por la aplicación de “tipos diferentes y crecientes”, lo cual elevaría los marginales en los tramos de renta “más altos” y se fomentaría “la progresividad”, además de incrementar “la recaudación”. En este caso, también se elevarían los tipos y tramos en la renta de capital.
En lo relativo al impuesto de Sociedades, Sumar lo establecería en un 15% “sobre el beneficio contable”, desligado del “resultado de la declaración”. Obligaría a las “grandes empresas”, quienes “se aprovechan” de las deducciones y regímenes fiscales y “no ingresan nada o muy poco, a tener una “contribución mínima”. En consecuencia, se pone encima de la mesa la revisión y el recorte de las deducciones o exenciones.
En materia de riqueza, se bifurcan los caminos. Por un lado, Sumar propone establecer como “permanente” el impuesto a las grandes fortunas, además de que este cuente con un “mínimo” en todas las autonomías y que evite bonificaciones que amortigüen su golpe. Por otro, se incrementaría la capacidad recaudatoria del impuesto de Sucesiones y Donaciones mediante mínimos y controlando las reducciones, bonificaciones y deducciones. “Se trata de impedir que la posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo”, explica.
