En minoría, en coalición y frente a un parlamento en división perpetua, el Ejecutivo ha encontrado en la mesa de diálogo social el modus operandi con el que impulsar su batería de medidas sociales suscritas en el pacto de Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE. Hay que recordar que estas reuniones entre ministros, expertos, patronal y sindicatos no son obligatorias y buena parte de las políticas pretendidas por el Consejo de Ministros podrían haberse impulsado sin demora, sin previa negociación y evitando las pequeñas diferencias que surgen en el marco del diálogo, pero basta preguntar a los actores habituales de estas conversaciones sobre su idoneidad para constatar que, si bien no obligatorias, han supuesto un punto a favor del Gobierno desde que Mariano Rajoy fuese desalojado de La Moncloa entre sombras de corrupción, críticas internas, una carta de dimisión que podría haberle dado la vuelta al ruedo y una cena interminable que acabó con su defenestración televisada.

“Los acuerdos que salen por consenso tienen un mayor valor social, son acuerdos equilibrados entre las partes y están destinados a tener una mayor duración en el tiempo y dar mayor seguridad a las personas trabajadoras y a las empresas. Además, contribuyen a generar un consenso político a la hora de aprobar las normas en el ámbito parlamentario y eso es un valor en sí mismo, en los tiempos de crispación política que vivimos”, explica en declaraciones a ElPlural.com Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Estos comentarios van en línea con lo expuesto por la Unión General de Trabajadores (UGT), que insiste en la necesidad de retomar el diálogo y no dejar que el miedo a un incremento del Salario Mínimo Interprofesional acabe con una práctica que, en declaraciones de su portavoz, Pepe Álvarez, se ha convertido en el mecanismo “impulsor de la modernización de nuestro país”: “Tenemos negociaciones abiertas con el Gobierno y los empresarios en distintas materias, muchas de ellas maduras y fundamentales para nuestro modelo productivo, que hay que cerrar. En postpandemia vamos a ser más exigentes a la hora de llegar a acuerdos de lo que lo hemos sido durante el coronavirus”, explica, dejando sobre el papel la necesidad de afrontar la subida del SMI, la derogación de las reformas laborales y el reparto de los fondos europeos.

Las repercusiones de la mesa de diálogo social, según expone CCOO a este medio, no residen únicamente en la durabilidad de lo acordado en nuestro país, sino que es necesario resaltar que tanto los mercados como Europa, en su constante fiscalización, aplauden el consenso y reciben una imagen de la ‘marca España’ mucho más favorecedora. Según Cruz Vicente, nuestro país es “el que más y mejor ha desarrollado el Diálogo Social, que ha buscado fórmulas consensuadas para afronta los efectos, en el ámbito laboral, originados por la pandemia mundial”. Además, recuerda que de puertas para afuera hay varias medidas que han sido pioneras y muy aplaudidas: “Hemos abordado materias como la regulación de la laboralización de los trabajadores de plataformas digitales de reparto, y la regulación del trabajo a distancia, que son dos normas pioneras en Europa y de un contenido de gran interés, que viene a contribuir a la modernización de la normativa laboral en nuestro país y de las relaciones laborales en su conjunto”.

Desde CCOO reconocen a este medio que ha habido un gran trabajo de todos los agentes sociales, pero no quieren dejar pasar la oportunidad de aplaudir con más ahínco en una dirección: el Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz, máxima impulsora de esta forma de trabajo, es reconocida “de forma especial” por Cruz Vicente, “por el diálogo social y por fomentar el consenso como forma de trabajo en el ámbito de las relaciones laborales”.

La subida del SMI, una piedra en el camino

La subida del SMI en 2021 será una realidad. Durante un tiempo en el Ejecutivo se vivió una batalla entre Yolanda Díaz y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la idoneidad de afrontar este incremento en el momento actual y teniendo en cuenta el esfuerzo realizado en 2020, pero las divisiones acabaron con Pedro Sánchez afirmando que cumplirían con el pacto de Gobierno y antes de finales de año las nóminas más precarias de nuestro país se verían satisfechas con un aumento salarial. Queda fijar de cuánto. Queda fijar quién se involucra.

Por el momento, parece que esta medida no contará con todos los agentes sociales. La patronal ha mostrado su rechazo absoluto a la medida, aunque desde el Ministerio de Trabajo insisten en que las negociaciones seguirán y se buscará el acuerdo hasta el último momento. Los sindicatos, por su parte, piden altura de miras a Antonio Garamendi y los suyos: “Hay que recuperar parte de lo perdido en 2021 y se debe subir según la realidad económica que existe en nuestro país, que en la actualidad cuenta con un aumento de precios del 3,3%. Si no se va a subir desde primeros de año, ahora hay que subirlo por encima del coste de la vida, entre los 25 y los 30 euros para este 2021. Si se negocia de aquí a 2023 podemos ser más flexibles”, explicó en rueda de prensa Pepe Álvarez (UGT).

El portavoz prosigue advirtiendo de que la CEOE tiene “mucho que perder si no lo firma”, mientras que desde UGT Mari Cruz Vicente considera que “sería deseable, a la vez que importante, que las organizaciones empresariales acordaran la subida de SMI, no solo para 2021 sino para establecer la senda a recorrer que sitúe el SMI al final de la legislatura (2023) en el 60% del salario medio del país”. “No hay justificación para seguir con el SMI congelado, en un momento donde la economía está creciendo como nunca desde que se conocen registros, donde el empleo está teniendo un buen comportamiento y la reactivación económica tras el impacto del COVID- 19 es incuestionable”, sentencian desde CCOO en declaraciones a ElPlural.com.

El fruto del acuerdo hasta el momento

Tal y como advierten los sindicatos mayoritarios de nuestro país, la fórmula del diálogo social ha sido muy fructífera desde 2018. En un recuento de todas las medidas abordadas bajo el paraguas de la negociación de los agentes sociales, CCOO detalla a este medio que se han logrado consensuar 11 reales decretos, dos resoluciones y un gran acuerdo para fijar las líneas básicas a futuro de las pensiones en nuestro país.

Hasta el momento se han abordado temas tan importantes como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Ingreso Mínimo Vital, el trabajo a distancia, la protección del autónomo y el sector industrial, los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales o la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otras.

Además, el futuro invita a los agentes sociales a volver a la mesa de negociación, puesto que, al margen de lo que suceda con el SMI y la patronal, está en juego la prórroga de los ERTE hasta finales de año (el acuerdo vigente caduca el 30 de septiembre), la derogación de la reforma laboral o el reparto de los fondos europeos. Con las negociaciones en stand by, es Mari Cruz Vicente quien expone que “los procesos de diálogo social no siempre terminan con acuerdo, lo cual no significa que se ponga en cuestión ni la propia figura, ni la necesidad y eficacia del mismo”.