Este año el día de los santos inocentes no será para el cachondeo en materia económica. El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros una reforma laboral consensuada con la patronal y los sindicatos que no cuenta con el visto bueno de los socios parlamentarios, ya que creen que los agentes implicados en la mesa de diálogo social han tenido demasiada mano izquierda con la CEOE. “Es una buena reforma laboral, no es descafeinada”, se ha defendido estos últimos días la ministra de Trabajo y plenipotenciaria del Ejecutivo en las negociaciones, Yolanda Díaz. Lo mismo piensa el ala dura de Pedro Sánchez, con Nadia Calviño al frente. Además, llegará en tiempo y forma, tal y como exigía la Unión Europea en pleno proceso de inyección de dinero proveniente de los fondos europeos.

Millones que servirán para hacer más llevadero el gasto social de los Presupuestos de 2022, que serán finalmente aprobados por el Congreso de los Diputados después de unas duras negociaciones y de que el Senado mandara de vuelta a la Cámara Baja su tramitación gracias a una artimaña del PP, quien votó a favor de una enmienda de Compromís para proteger las lenguas minoritarias.

Salvo hecatombe, y tras una intrahistoria plagada de cesiones y conversaciones mantenidas hasta lograr el consenso sobre la bocina, las cuentas públicas serán ratificadas de forma holgada en el Congreso, reeditando así la foto de los 188 síes que ya se produjo semanas atrás y que puso en blanco sobre negro la capacidad de negociación del Ejecutivo: en aquella votación, a los partidos de Gobierno –PSOE y UP- se sumaron Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC.

Desde el Netflix en catalán hasta la infrafinanciación valenciana o los problemas en las carreteras. Todas las cesiones fueron consensuadas, sesudas, calculadas y sudadas. Especial mención merece el problema de la lengua en las aplicaciones de contenido y la cuota del 6%, que amenazó con dilapidar las conversaciones incluso una vez aprobados en la Cámara Baja. El acercamiento a EH-Bildu también facilitó la aritmética, incluso con un PNV que miraba con recelo el cambio de simpatías que demostraba el equipo de Bolaños y Héctor Gómez.

No fue más sencillo salvar la reforma laboral. Acabar con la de Mariano Rajoy era un imperativo programático, una línea roja en los postulados de Unidas Podemos, una petición de la Unión Europea y un propósito de la coalición en su conjunto. Sin embargo, hay que remontarse hasta mayo de 2020 para ver los primeros pasos en la materia, cuando Adriana Lastra estampó su firma en un acuerdo con EH-Bildu y Unidas Podemos que prometía la “derogación íntegra” de la norma regulatoria del mercado laboral. Calviño y los ministros menos favorecedores a esta idea se quejaron, Lastra rectificó y todo quedó en stand by. Finalmente, y tras una negociación liderada por el Ministerio de Trabajo de forma silenciosa, hubo un sprint pasado el verano de 2021. Un acelerón que, no obstante, provocó fricciones en el seno de la coalición por tres motivos: la intromisión de los ministros socialistas en las negociaciones, la necesidad de contar con Garamendi y los suyos y el alcance en cuestiones como la ultraactividad o la preminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa.

Salvados estos obstáculos, el Consejo de Ministros hará suya la regulación pactada. Entre tanto, los socios advierten de que no será fácil que el Congreso preste los apoyos mayoritarios a la reforma –incluso se baraja incluir a Ciudadanos en las negociaciones, con una Arrimadas cabreada con el PP y en proceso de cambio de alianzas tras las traiciones de Génova en Andalucía y Castilla y León-, los sindicatos aplauden y la CEOE amenaza: "Nosotros hemos llegado a un acuerdo especialmente con los sindicatos y pensamos que puede generar mucha paz social, normalización, estabilidad (…)Hasta ahora el Gobierno ha cumplido las cosas que hemos pactado", ha explicado Garamendi, añadiendo que si hay cualquier cambio –como pudiera ser la inclusión de los ERTE autonómicos- el pacto se daría por concluido.

Empieza la ronda de contactos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes la reforma laboral que mañana se aprobará en forma de Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros, en contra de quienes opinan que no es tan profunda como se esperaba y que no deroga totalmente la reforma de 2012. "Hay que respetar el trámite parlamentario, por supuesto, pero estoy convencido de que una reforma como ésta, tan ambiciosa va a recibir gran apoyo parlamentario, no tengo ninguda duda", ha subrayado.

El análisis es compartido en Unidas Podemos. Pablo Echenique, portavoz de los morados en el Congreso, ha tildado la nueva reforma de “histórica”, explicando que supone un avance en derechos y libertades para los trabajadores españoles. Además, ha adelantado que su grupo parlamentario abrirá un proceso de negociación con los socios habituales del Ejecutivo para fijar todas las posiciones, escuchar sus demandas y aprobar las nuevas reglas del mercado laboral.