La Reina Sofía, la Infanta Elena, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin visitan al Rey tras su operación de cadera el pasado noviembre. Fue la primera aparición pública con la Familia Real tras ser 'apartado' por "conducta poco ejemplar". EFE
Iñaki Urdangarin usó su condición de miembro de la Familia Real para ganar dinero de manera ilegal de las administraciones públicas, sobre todo de la Generalitat valenciana y del Gobierno de Baleares. “Nóos estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro”. Son las conclusiones del juez José Castro en un extenso auto en el que sustenta la fianza de 8.189.448 euros impuesta a Urdangarin y su exsocio, Diego Torres.
El nombre de la infanta como miembro de la junta directiva
El magistrado destaca que Urdangarin también usó para conseguir sus fines el nombre de la infanta Cristina, como miembro de la junta directiva del Instituto Nóos, con el objetivo de “influir en la “esfera próxima a las distintas administraciones públicas. Ese protagonismo ha de recaer –continúa el juez- sobre sus responsables, de ordinario merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber sobre la correcta gestión de los fondos públicos”.
Una aureola de humanismo falsa
Según denuncia el instructor en su auto, del que dan cuenta hoy El País y El Mundo, Urdangarin y Diego Torres rodearon de “una aureola de falta de ánimo de lucro” el Instituto Nóos “no sólo para que nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y ayuda al prójimo”.
La responsabilidad de los políticos implicados
El juez critica a los políticos interlocutores, “escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública”. El auto explica cómo en ocasiones para un pago de más de un millón de euros se exhibió apenas un folio con un presupuesto informal que nunca se concretó ni justificó.
Le concedían "todo"
El juez Castro concluye que los políticos le concedían “todo” a Urdangarin e intentaban disfrazar de legalidad “una ilegalidad manifiesta”. En particular, apunta a los expresidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y de Baleares, Jaume Matas, que “tomaron decisiones injustas y arbitrarias” adoptadas “al margen de cualquier expediente administrativo”.
El Instituto Nóos, que ambos utilizaban para gestar sus relaciones comerciales con Administraciones Públicas, se definía como asociación filantrópica y entidad sin ánimo de lucro, pero el juez determina que su forma de actuar “desvelará que en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro”.
Urdangarin y Torres usaron una malla de empresas y compañías para repartirse las ganancias. La red tenía extensión en Belice y Londres para ingresos en Andorra, Luxemburgo y Suiza.
Aizoon y su engaño al fisco
El juez pone el foco sobre la empresa Aizoon, compañía cuya propiedad comparte Urdangarin con la infanta Cristina, y ratifica que se engañó al fisco evitando pagar impuestos al tejer una malla de empleados ficticios. Asimismo, el instructor destaca que el matrimonio pasaba como costes de la empresa otro tipo de gastos.
El juez apunta a "otros" implicados
En su escrito, el juez Castro señala deja entrever que habrá nuevas imputaciones, al afirmar que en el caso hay responsables “perfectamente identificados y otras que previsiblemente lo estarán, que han colaborado de manera diversa en la actividad delictiva”.
