Pedro Sánchez está cumpliendo puntualmente sus promesas a ERC por el apoyo republicano en el Congreso. Gracias en buena parte a esta lealtad, el gobierno PSOE-Unidas Podemos podrá agotar la legislatura, salvo desastre universal. También prometió Sánchez trabajar para la reconciliación de la Cataluña dividida por la unilateralidad independentista, sin embargo, aquí se ha quedado en la desinflamación del conflicto, especialmente en apaciguar el miedo de los promotores del Procés a las consecuencias judiciales de su intentona, sin obtener ninguna reciprocidad por parte de los republicanos, más allá de sus votos en Madrid. La media Cataluña que se sintió denigrada por no acompañarlos en su aventura no ha recibido mensaje alguno de reconciliación.
La reconciliación social y política de los catalanes no es exactamente lo mismo que desinflar la tensión existente en Cataluña, que, ciertamente, no tiene ahora mismo la intensidad que alcanzó en 2017. Las concesiones exigidas por ERC para mantener al presidente Sánchez en La Moncloa han tenido el efecto prioritario de mejorar las perspectivas personales, penales, económicas y políticas de los dirigentes independentistas juzgados o por juzgar, y es innegable que, como efecto colateral, han ayudado a tranquilizar las aguas del maremoto catalán.
Sin embargo, la inexistencia de gestos que puedan hacer creer en la voluntad de enmienda de los partidos y entidades movilizadoras soberanistas, incluida ERC, niega ningún avance a la reconciliación. Parecería deducirse que Sánchez ha asumido la teoría independentista de que en Cataluña no hubo más agraviados que ellos por la escenificación y el desenlace del enfrentamiento de 2017. La única penitencia que ERC está dispuesta a practicar es la de sustentar a Pedro Sánchez, pero en ningún caso ha aceptado, todavía, su responsabilidad en la división del país y el menosprecio por todo catalán que no compartiera su fe.
París vale una misa, pero no se sabe todavía cuántas misas vale La Moncloa. El indulto a los condenados por el Procés tras su paso por la cárcel fue recibido como un alivio por la gran mayoría de los catalanes, excepto por los dirigentes de las tres expresiones de la derecha. La desaparición del delito de sedición y su substitución por una nueva concepción de los desórdenes públicos agravados ha compartido apoyos (ERC, PSC y Comunes) y críticas, especialmente por parte de quienes proclamaron que las calles eran suyas (CDR, Tsunami Democrático, CUP, ANC, una parte de Junts) y de quienes interpretan que ERC les ha abandonado para poder reconstruir un futuro político para Oriol Junqueras en detrimento de Carles Puigdemont, aislado en su residencia de Waterloo.
Un complicado horizonte jurídico
Y queda por precisar el alcance de la reforma de la malversación, con el objetivo proclamado a los cuatro vientos por ERC de dejar el 1-O, en nada o casi nada. A falta de conocer la redacción final de la reforma, y dada la escasa pericia técnica que últimamente exhiben los legisladores, muchos juristas admiten la posibilidad de efectos no deseados. Y no solo por la variante del grado de penalización de la corrupción económica, que todo indica que alarma también a los impulsores de la reforma, sino por la consideración que vaya a tener en el futuro la desviación de dineros públicos para iniciativas políticas contrarias al ordenamiento jurídico vigente.
Junts ha llegado a exigir que no puedan ser perseguidos los actos de los gobiernos que respondan a un compromiso electoral, convirtiendo así estos programas en nuevas fuentes de derecho. Y ERC busca inequívocamente que un nuevo 1-O no tenga consecuencias penales. En todo caso, nadie se ha manifestado en Cataluña a favor de la despenalización de ciertos tipos de malversación ni a favor de la modificación de la sedición, pero sí en contra, aunque pocos.
Las misas exigidas por ERC las paga puntualmente el gobierno de Sánchez sin que, por el momento, los sondeos perciban un rechazo preocupante para el PSOE. Incluso podría reconocerse que este conjunto de iniciativas (indulto, sedición, malversación) han ayudado a la profundización del cisma entre independentistas, debilitando la fuerza del movimiento secesionista. Lo que está por ver aún son los avances en los trabajos de demolición del muro emocional, social y político levantado en dos jornadas parlamentarias de trabajo a destajo por el independentismo allá por septiembre de 2017.
El PSC, primer partido del Parlament, sigue a la espera de un primer paso hacia la transversalidad política por parte de ERC, que viene negando la convocatoria de una mesa de diálogo en Cataluña para encauzar el retorno a la normalidad. Los socialistas catalanes han planteado la imprescindible negociación para la aprobación de los presupuestos por parte del gobierno minoritario de Pere Aragonés como la anhelada ventana de oportunidad. Sin embargo, los republicanos parecen inclinarse por buscar un pacto con Junts y PSC al unísono, para poder diluir así la lectura de una ruptura de bloques que significaría aprobar las cuentas únicamente con PSC y Comunes.
Los republicanos, considerados ya unos colaboracionistas con el régimen opresor por parte de los independentistas cabreados (todos menos los de ERC), no parecen dispuestos a alejarse más del movimiento soberanista. La desinflamación, entienden que les conviene y la reconciliación no tanto, al menos electoralmente.
