El Pacto de Estado contra la Violencia de Género encauza una nueva era. El Congreso de los Diputados ha aprobado su renovación este miércoles con 315 votos a favor y 33 en contra, es decir, únicamente Vox se ha desmarcado. Con este avance, se refuerza el compromiso con las víctimas y la lucha contra todas las violencias machistas. Destaca que ésta es de las pocas iniciativas, junto con la ley ELA, que cuentan con el apoyo prácticamente unánime de la Cámara Baja.

El fondo y la forma del Pacto de Estado, con 462 medidas, es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Así las cosas, los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG presentaron votos particulares al informe. Por el contrario, Partido Popular, PSOE y Junts no registraron modificaciones al texto. En este sentido, todos han quedado rechazados, a excepción del número 11 de Sumar, que agrega "mejoras técnicas".

De esta manera, entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, apuntando a que establecerá "mecanismos adecuados" para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito.

Sumado a ello, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento. A su vez, piden modificar la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, "para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata".

Pretenden reformar también la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas. En esta misma línea, piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, las medidas que tiendan a garantizar una "formación especializada, inicial y continua" en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.

También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, "adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical". Así, demandan garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores que son víctimas de violencia vicaria.

Violencia económica y digital como claves principales

Uno de los puntos más novedosos de esta modificación integral del Pacto es el reconocimiento, regulación y definición de la violencia económica como otra variante de violencia de género que sufren las mujeres. En este sentido, se insta a que se entienda como  "acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores".

Bajo el mismo marco, apuntan a su vez a las distintas formas de violencia digital, más presentes en estos tiempos que antaño y que precisan de regulación. Apuestan así por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, "difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)".

Redondo celebra este avance frente a la amenaza de “la ola reaccionaria”

Con esta luz verde, que marca un nuevo hito en materia de igualdad, la ministra de esta cartera ministerial, Ana Redondo, lo ha celebrado, debido a que se da “en medio de tanto vocerío, bulos y mentiras” pero donde prima “un objetivo común y el interés general”.

Con estas palabras, la ministra ha destacado la importancia de este avance en "un contexto histórico de recortes de libertades en el que la ola reaccionaria amenaza" con devolver a las mujeres "a tiempos pretéritos": "No es fácil transformar una cultura global y milenaria de la dominación, de la imposición, de la violencia ejercida para torcer la voluntad de las mujeres, en una cultura del respeto, de la empatía y de la igualdad de derechos", ha subrayado.

Y, ante la única negativa de Vox en la renovación del Pacto, Redondo lo ha calificado como “lógico” dentro de los parámetros en los que conduce la extrema derecha: "Lo importante es que hoy se genera un cordón sanitario frente a la extrema derecha, especialmente en estos asuntos que son fundamentales en democracia, la igualdad y libertad de las mujeres. Es lógico que la extrema derecha y esa ola reaccionaria esté fuera", ha sentenciado.

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