La gestión de la pandemia sigue siendo un campo de batalla fratricida entre administraciones. Tras meses de recomendaciones y una actitud de cogobernanza basada en la delegación de las responsabilidades, el Ministerio de Sanidad ha decidido entrar de lleno en la desescalada con un marco normativo común que obliga a adoptar restricciones en la hostelería, los locales de ocio nocturno y los eventos masivos en función de la situación que marquen los indicadores sanitarios. ¿Por qué ahora? Por no repetir errores: el año pasado, recién salidos de un encierro de cerca de tres meses, la incidencia acumulada nacional era irrisoria (por debajo de los 10 puntos), pero la banda ancha y la permisividad de acción derivaron en un crecimiento exponencial de los casos y en la llegada de una segunda ola atroz en términos sanitarios y económicos.

Tumbado el estado de alarma, abiertas las fronteras autonómicas y sabedores de que las vacaciones laborales están a la vuelta de la esquina, la motivación no es otra que frenar un hipotético dejá vu que nos devuelva a la casilla de salida. Con la vacunación a buen ritmo y el grueso de las comunidades autónomas reduciendo su incidencia acumulada, Sanidad pretende atajar el virus haciendo que ninguna otra ola vuelva a vislumbrarse en el parte epidemiológico que publican sus técnicos a diario.

Al menos esa es la aspiración con la que Carolina Darias presentó el nuevo Documento de Actuaciones Coordinadas (DAC). En sus páginas se permite la apertura de los bares hasta las 01.00 horas de la madrugada, mientras que los locales de ocio nocturno podrán levantar sus rejas en aquellas comunidades por debajo de 50 casos de IA hasta las 02.00 o las 03.00 horas, a elección del gobierno regional. Además, dependiendo del cuadro epidemiológico de cada autonomía, se deberá cumplir con unos aforos restringidos que, actualmente, obligarían a comunidades como la de Madrid a cerrar el interior de la hostelería y pasar de ocho a seis personas máximas en la misma mesa en exteriores.

Imperativo que por el momento parece que no se cumplirá, ya que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que no acatará esta imposición y la recurrirá a la Audiencia Nacional al considerar que no se pueden imponer estas restricciones al no haber sido elegidas por unanimidad en el Consejo Interterritorial. Frente a ella, el Gobierno considera que existe el “consenso” necesario que marca la ley al contar con una mayoría de comunidades que suscribieron el acuerdo.

Pero esta vez Madrid no es la única región que se proclama abiertamente en rebeldía. Seguidores de la estrategia de Ayuso, por el momento todas las comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía) y Euskadi, en manos del PNV, han anunciado que seguirá predominando su eje de acción frente a la pandemia al considerar una intromisión ilegítima en las competencias autonómicas el documento presentado por Darias este miércoles. Un pulso sin retorno que acabará en los tribunales. Ayuso, impasible: “No es una norma obligatoria, es una imposición”. Darias advierte: “Son de obligado cumplimiento”.