El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encuentra bajo una intensa presión debido al escándalo relacionado con los centros de Formación Profesional (FP). Una investigación ha revelado que, durante la anterior legislatura, el Ejecutivo de Ayuso construyó varios centros educativos mediante la fragmentación de contratos, dividiendo grandes obras en contratos menores que no fueron sometidos a concurso público. Hasta el momento, se han identificado irregularidades en ocho proyectos.
Para ser más concretos, según las investigaciones, se dividieron obras millonarias en facturas menores de 40.000 euros para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Este método permitió que las obras se adjudicaran a dedo, sin pasar por los procesos de licitación necesarios, lo que ha generado una gran controversia.
Uno de los centros implicados es el complejo educativo Ciudad Escolar, donde se construyó un hospital escuela con un presupuesto de 2,4 millones de euros. La construcción se realizó sin contrato oficial ni expediente público, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles delitos de corrupción. Alfonso Mateos, exsubdirector general de Centros de Formación Profesional, ha sido señalado como uno de los principales implicados en este caso.
Más Madrid exige una comisión de investigación
En este sentido, Más Madrid ha emitido este lunes un comunicado exigiendo la creación de una comisión de investigación para analizar los procesos de contratación en la Comunidad de Madrid. Según el comunicado, la denuncia inicial reveló que las obras en el complejo educativo Ciudad Escolar se realizaron mediante contratos menores, fraccionando los importes para evitar la licitación pública. Este procedimiento, que suma un total de 2,46 millones de euros, contraviene la Ley de Contratos del Sector Público, que establece normas para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación pública.
‼️ En la FP sanitaria, más del 80% de solicitantes excluidos. Ayuso prefiere regalar 500€/mes a la privada que invertir en educación pública. Así se fabrican desigualdades a medida.
— Más Madrid (@MasMadrid__) September 23, 2024
Ayuso solo tiene olfato para el dinero y el ladrillo. La educación no puede ser un privilegio. pic.twitter.com/85q7hv8qGD
El comunicado de Más Madrid destaca que la ley prohíbe el fraccionamiento de contratos y exige la publicación trimestral de todos los contratos menores, excepto aquellos de menos de 5.000 euros. Además, subraya que las obras de gran envergadura deben licitarse públicamente para asegurar la competencia y la transparencia. La falta de transparencia y la multiplicación de las posibilidades de corrupción son aspectos que deben ser abordados con urgencia.
Más Madrid también señala que la Consejería de Educación está auditando los procedimientos, lo que indica un posible déficit en la transparencia y la necesidad de un análisis exhaustivo de las incidencias. La creación de una comisión de investigación es vista como un paso necesario para esclarecer los hechos y determinar mecanismos que eviten la repetición de estas irregularidades. La transparencia y el control de los recursos públicos son esenciales para garantizar la calidad democrática y la legalidad en la administración pública.
El comunicado también menciona que, desde la primera denuncia, han surgido más casos similares en otros centros de Formación Profesional e Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Hasta la fecha, se han identificado irregularidades en siete centros más, donde se emplearon contratos menores y se fraccionaron facturas para eludir la normativa vigente. La opacidad en la gestión de estos contratos ha generado preocupación sobre la posible corrupción en la administración pública.
Más Madrid subraya que la Ley de Contratos del Sector Público establece que las obras de gran envergadura deben licitarse públicamente para asegurar la competencia y la transparencia. La falta de transparencia y la multiplicación de las posibilidades de corrupción son aspectos que deben ser abordados con urgencia. La creación de una comisión de investigación es vista como un paso necesario para esclarecer los hechos y determinar mecanismos que eviten la repetición de estas irregularidades. La transparencia y el control de los recursos públicos son esenciales para garantizar la calidad democrática y la legalidad en la administración pública.
Además, el comunicado de Más Madrid destaca que la Consejería de Educación está auditando los procedimientos, lo que indica un posible déficit en la transparencia y la necesidad de un análisis exhaustivo de las incidencias. La creación de una comisión de investigación es vista como un paso necesario para esclarecer los hechos y determinar mecanismos que eviten la repetición de estas irregularidades. La transparencia y el control de los recursos públicos son esenciales para garantizar la calidad democrática y la legalidad en la administración pública.
Finalmente, Más Madrid hace un llamado a la ciudadanía para que exija transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. La creación de una comisión de investigación es vista como un paso necesario para esclarecer los hechos y determinar mecanismos que eviten la repetición de estas irregularidades. La transparencia y el control de los recursos públicos son esenciales para garantizar la calidad democrática y la legalidad en la administración pública.
