El BBVA ha enviado un escrito a la magistrada que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, certificando que su patrimonio en acciones asciende a un montante de 71.413,16 euros. En concreto, a fecha de 30 de junio de 2023, cuenta con 25.216, 75 euros en acciones de la entidad bancaria; 12.042 euros en Enagás; 7.238,19 en Repsol; 12.452,32 euros en Telefónica y 14.461,90 euros en Redeia Corporación.
Esta nueva información desmiente la cifra de 1,4 millones de euros que se recogió inicialmente en la denuncia presentada por la asociación ultraderechista Manos Limpias, basada en ciertos datos difundidos por algunos medios de comunicación. Tal cifra surgió de un error de cálculo que se replicó en diversas fuentes de prensa, y que la propia asociación utilizó como argumento principal para sustentar su denuncia. Sin embargo, los recientes informes proporcionados por la entidad bancaria involucrada han dejado en evidencia que dicha cifra es incorrecta y no tiene base alguna.
En particular, el informe remitido por el BBVA al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en respuesta a una solicitud de la jueza titular del caso, ha sido clave para aclarar la situación. La jueza, que ya había citado a Sánchez el 27 de noviembre para que declarara como investigado, había descartado previamente la existencia de un patrimonio de 1,4 millones en acciones del BBVA. No solo porque no había pruebas que lo respaldaran, sino porque los documentos disponibles no corroboraban las acusaciones planteadas por las asociaciones de ultraderecha, que, en su denuncia, habían atribuido esa cantidad a Sánchez.
La UCO ya lo desmontó
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que también formó parte de la investigación, desmontó por completo la teoría del patrimonio de 1,4 millones de euros. Según este informe, la cifra elevada se debía a un error en el cálculo del valor de las acciones, lo que provocó la creación de una cifra desmesurada e infundada. Este análisis, por lo tanto, descartó por completo la posibilidad de que Sánchez tuviera esa cantidad de dinero en acciones del BBVA.
A su vez, el mismo informe de la UCO también refutó las acusaciones de irregularidades en la creación del puesto de trabajo de Sánchez, que habían sido planteadas en la denuncia de Manos Limpias. A pesar de ello, la jueza no desestimó todas las sospechas y decidió imputar a Sánchez por "la existencia de indicios racionales de criminalidad", refiriéndose específicamente a las posibles irregularidades en el proceso que le permitió acceder a su puesto en la Diputación de Badajoz. Esto significa que, aunque la acusación de un patrimonio de 1,4 millones ha quedado descartada, sigue existiendo la sospecha de que podría haberse cometido algún tipo de irregularidad administrativa en relación con su puesto de trabajo.
