Son muchas las evocaciones que se han despertado a raíz de la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la pareja de Pedro Sánchez. Después de que citarla a declarar como imputada a tan sólo cinco días de los comicios europeos, hay quién ha recordado el importante mensaje que daba Santiago Torres, exjuez y docente, en una entrevista en la cadena SER el año pasado. En una entrevista con Aimar Bretos, el abogado lanzaba varios recados sobre las malas prácticas en los juzgados de nuestro país que hoy servirían para evidenciar las irregularidades en la querella contra Gómez.
“Un juez es la última frontera de los derechos de los ciudadanos”, comenzaba a decir el exletrado sobre el rol de la justicia para intentar responder a la pregunta de oro que le planteaba Bretos: “¿Se compran jueces en España?”. El entrevistado no dudaba en exponer que él mismo había “conocido unos cuántos casos”. “Mira, en Marbella, alguno de mis sucesores ha sido condenado por haber sido comprado”, destacaba. Y es que el exjuez fue el encargado de maniobrar en instrucciones tan relevantes como el ‘caso Camisetas’, el entramado construido por el exalcalde de esa misma ciudad, Jesús Gil, para desviar 450 millones de pesetas de las arcas públicas y así financiar el Club Atlético de Madrid, que por aquel entonces presidía. “Hay que eliminar todos los casos de corrupción del mundo judicial. Y hay. Lo que pasa es que tenemos un sistema que no permite, precisamente, la depuración de esos casos”, sentenció Torres sobre este tipo de casos que se daban – y se dan – en España.
La reflexión de Torres que hoy se recuerda
Torres continuaba cavilando sobre la corrupción en el mundo de la instrucción judicial. “El juez es el bisturí que utiliza el derecho para defender a los ciudadanos. Si el bisturí está contaminado, o infectado, lo único que sirve es para transmitir más enfermedades”. Así de contundente era el exletrado durante su intervención en la radio, dejando unas palabras que, aun con gran vigencia en su significado, los ciudadanos han recogido para volver a ponerlas sobre la mesa a través de las redes sociales.
Santiago Torres fue el primer juez que denunció los casos de corrupción en Marbella y de sus pesquisas se acabó derivando el Caso Malaya.
— Insomnio (@Insomnio5155) June 5, 2024
Le preguntan sobre si se compran jueces en España. La respuesta👇
¡EL QUE PUEDA VOTAR QUE VOTE!#VotaMasPSOE 🌹🌹#MasEuropa 🇪🇺#MasTeresa 🇪🇸 pic.twitter.com/cpXK5V5B1a
Sobre las incontables lacras del sistema, que no permitían avanzar en este terreno, Torres señalaba que se debían a que “se ha confundido la defensa de la independencia judicial con el control de los conflictos de intereses, el control de los ingresos y de régimen de vida y con el hecho de que no se puede investigar a un juez si no es en virtud de una querella”. Algo que en la gran mayoría de situaciones no resulta efectivo, ya que, como explicó Torres, “solamente es viable en el caso de que se tengan datos objetivos datos objetivos, y son muy pocos casos los que saltan así”. A esto, el exjuez añadía: “Hay pocos sistemas de control directamente del problema de la corrupción en el mundo judicial”, concluía destacando lo peligroso del gran margen de impunidad que posee esta figura.
La polémica instrucción del juez Peinado
Algunos usuarios de las redes sociales han recordado las palabras de Torres a raíz del para muchos flagrante caso de lawfare que está teniendo lugar en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Su curso ha estado marcado por las irregularidades: se ha desoído el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que asegura no haber encontrado ningún indicio de delito en el comportamiento de Gómez, como tampoco se ha tenido en cuenta el papel de los testigos antes de llamar a declarar a la imputada, citada con una antelación de 32 días. En la misma línea, cabe recordar que en esta causa, marcada en parte por el bombo que los medios derechistas le han conferido, figuran nombres conocidos que sembrarían de dudas un proceso en el que jueces conservadores ligados al PP aparecen recurrentemente.
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