La suspensión del juicio de la pieza 3 del Caso Gürtel, la relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano con la trama corrupta para la feria de Fitur entre 2005 y 2009, ha sorprendido a propios y a extraños. Aunque la paralización puede evitar que en el futuro los acusados reclamen la nulidad del proceso, lo cierto es que el mayor beneficiado es el Partido Popular, que podrá vivir con tranquilidad las elecciones municipales sin tener que compaginar los mítines con la presencia de sus antiguos consellers en el banquillo de los acusados.

La decisión ha causado bastante polémica, lo que es lógico si se tiene en cuenta que no es la primera vez que la balanza de la Justicia se inclina hacia el lado del PP de manera sorpresiva. Estos son algunos de los casos más sonados.

Una amistad que no entra en el diccionario
Sin salir de Valencia, cabe recordar el famoso caso de los trajes . Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia empezó a investigar a Francisco Camps, su presidente era el magistrado Juan Luis de la Rúa. De él dijo Camps que "tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a 'amistad' que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Ese tribunal archivó la causa por no ver delito, pero el Tribunal Supremo le ordenó reabrirla con un auto durísimo.

El pacto incumplido
Cuando el caso volvió a Valencia, los implicados (Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) pactaron declararse culpables y aceptar la multa para evitar el juicio oral. Así al menos lo declaró Campos, exvicepresidente junto a Camps. Pero el día de ir a confesar la culpa sólo se presentaron Campos y Betoret. El plantó derivó en que Costa y Camps se enfrentaran a un jurado popular. Tras varias escenas curiosas, como la del militante de Nuevas Generaciones cazado en el hotel donde se hospedaba el jurado, fueron declarados no culpables por la mínima por estos anónimos valencianos a los que Camps se refería como "conciudadanos de mi Comunidad" durante el juicio.

La precuela de la Gürtel
Seguimos en la tierra de las flores, de la luz y del amor, donde germinó el anterior caso de supuesta financiación irregular del Partido Popular. Hablamos del caso Naseiro, cuyos paralelismos con la Gürtel son dignos de estudio. Todo comenzó con una grabación telefónica de un concejal valenciano del PP, Salvador Palop, dentro de la investigación por narcotráfico contra su hermano. De la grabación se deducía un delito de financiación ilegal de la formación política.

Grabaciones nulas
El caso acabó implicando a Rosendo Naseiro, tesorero del PP que daría nombre al caso, y a Ángel Sanchís, antiguo extesorero del PP también imputado en la Gürtel, y acabaría llegando al Tribunal Supremo. Pero sólo hasta ahí, porque el caso fue archivado al considerarse nulas las grabaciones que les implicaban, dado que el delito que las originó fue el de narcotráfico y no el de financiación ilegal.



Tocata y fuga de Aguirre
Más recientemente hemos asistido al doble espectáculo de escapismo de Esperanza Aguirre, que no contenta con huir de la policía madrileña, también se libró de las zarpas de la justicia. Como es sabido, la ahora candidata a alcaldesa de Madrid, aparcó en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero. Y desobedeció a los agentes de movilidad fugándose sin permiso, volcando una moto policial en su huída, y se refugió en su casa para enviar a sus escoltas a lidiar con su persecutores.

De faltas a delito
Sin embargo, cuando el asunto llegó a los tribunales, el juez intentó llevar el caso como un mero juicio de faltas. Finalmente, la Audiencia Provincial intervino y forzó al magistrado a juzgar un posible delito de desobediencia. Igualmente, el magistrado acabó absolviendo a la lideresa del PP y expresó su "frontal oposición" y "dudas serias" a la versión policial, que normalmente suele tener un plus de veracidad.

El juez amigo
El caso se entiende un poco mejor si se aclara que el magistrado era Carlos Valle, considerado juez amigo del PP. No en vano, fue él quien libró a dos militantes del PP de responder ante la justicia por agredir supuestamente al entonces ministro José Bono durante una manifestación de la AVT en 2005. El magistrado terminó acusando a los tres policías que los detuvieron de retención ilegal y fueron condenados por los hechos en primera instancia aunque el Tribunal Supremo, dos años después, desmontó la infamia