Impuesto a las grandes fortunas, vivienda, planes de corresponsabilidad… El Gobierno de coalición ultima los Presupuestos Generales del Estado 2023 antes de abrir la negociación al resto del arco parlamentario. Pocos son ya los obstáculos a salvar, de hecho, el que se esperaba que fuera el principal problema dejó de serlo hace unos días. El incremento del gasto en Defensa no forma parte del debate entre socialistas y morados después de que Hacienda diseñara un plan para que no afectara al techo de gasto y se integrara en partidas especiales al margen.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prendió la mecha a finales de agosto anunciando a bombo y platillo que el techo de gasto aprobado no incluía incremento alguno de la inversión militar. Sembradas las dudas sobre el compromiso de Pedro Sánchez ante la OTAN, el ala socialista del Ejecutivo se sacudió las dudas garantizando que el presidente cumpliría su palabra.
La postura de Unidas Podemos no ha cambiado. Sigue siendo la misma: de oposición a la inversión en Defensa. La escalada del conflicto en Ucrania y las amenazas nucleares de Vladimir Putin no han modificado el parecer de los morados, que insisten en destinar todos los recursos disponibles a iniciativas sociales. Sin embargo, ya no claman contra el gasto en Defensa. ¿Por qué?
La argucia de Hacienda
El objetivo de Sánchez es incrementar la inversión armamentística hasta llegar al 2% del PIB en 2029, pero el aumento será paulatino. Para evitar el choque con sus socios, Hacienda ha diseñado un plan para encajar la inversión militar al margen del techo de gasto. El grueso del incremento quedará plasmado en los Programas Especiales de Armamento, proyectos independientes con partidas especiales.
Según el Programa de Estabilidad enviado a la Unión Europea, la previsión de Moncloa es subir un 0,2% del PIB la inversión en Defensa. La cifra aún no es definitiva, puesto que corresponde al Programa 2022-2025 enviado por España a Bruselas. De confirmarse, se pasaría de un 1% a un 1,2%, dos décimas extra.
Así, el gasto en Defensa queda orillado y las negociaciones se centran ahora en los reclamos morados para el ministerio de Ione Belarra, Derechos Sociales y Agenda 2030; y para el de Irene Montero, Igualdad. Según El Periódico de España, están pidiendo financiación para proyectos tales como la prestación universal por crianza de hijo (incluida en la futura ley de diversidad familiar y apoyo a las familias) o los planes para el cuidado de menores de 14 años. Al margen de las cuentas, Unidas Podemos urge a impulsar la encallada ley de Vivienda cuyo principal obstáculo es el tope a los alquileres y la reforma de la ley Mordaza.
La alineación de Sánchez
Está previsto que en los próximos días PSOE y Unidas Podemos concluya el diseño del proyecto de Presupuestos. Será entonces cuando comiencen las negociaciones con sus aliados habituales. Como ya ocurriera con los PGE 2022, serán los socialistas los que piloten el proceso y, según ha publicado ElPlural.com, Sánchez ya ha elegido a sus titulares: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y el portavoz parlamentario, Patxi López.
No hay sorpresa alguna en la alineación. Según fuentes socialistas, la negociación la encabezará Hacienda, como es habitual pues es quien atesora todos los detalles de las cuentas. Montero centraliza todos los reclamos y se apoyará en Bolaños, curtido en mil y una negociaciones, para cosechar el apoyo del bloque de investidura. “Ya hemos recibido propuestas de Esquerra, las está valorando Hacienda”, admiten fuentes.
Por su parte, López, pese a que es un recién aterrizado en el cargo, mantiene una relación fluida con los grupos parlamentarios y será el encargado de limar algunas asperezas que escapen al marco presupuestario. Cabe recordar que Esquerra supeditó el apoyo a los PGE 2022 a la ley Audiovisual y a la ley de Memoria Democrática. De igual forma, será vital el rol de Unidas Podemos, que permite que sea el PSOE el que comande las negociaciones, pero estará al quite por si es necesaria su intervención.
Primer trámite superado
El Congreso de los Diputados debatió este jueves el límite de gasto no financiero, conocido coloquialmente como techo de gasto, la antesala de los Presupuestos Generales del Estado 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió un techo de gasto récord que contará con 198.221 millones de euros, un 1,1% más que las cuentas de 2022. Se incluyen 25.156 millones de los fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que en 2022.
Montero insistió en la necesidad de mantener suspendidas las reglas fiscales por cuarto año consecutivo. La Comisión Europea y el Consejo Europeo decidieron en el año 2020 establecer una cláusula de salvaguarda con motivo de la crisis derivada del Covid-19. Así, decretaron suprimir los objetivos de estabilidad, que fueron sustituidos por tasas de referencia de déficit. Desde hace tres años, esta excepción se ha aplicado con motivo de la pandemia, mientras que en 2023, se prevé repetir aunque por una causa bien distinta: la guerra en Ucrania y la crisis energética.
El déficit conjunto de las administraciones públicas para el 2023 se situará en el 3,9% del PIB, frente al 5% del 2022. Las comunidades autónomas atesorarán un mayor margen de gasto, pasado del 0,1% al 0,3%; dos décimas que serán asumidas por la Administración central (del 3,4% al 3,2%). Para las entidades locales esta tasa será un superávit del 0,1% del PIB, mientras que para la Seguridad Social será del 0,5%.
