Dos años después de la imputación, la titular del juzgado de Navalcarnero ha decidido inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la investigación a Ana Millán, número 3 en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La decisión de la magistrada de trasladar la investigación al alto tribunal de la región se produce después de que Millán, exconcejala de Arroyomolinos entre 2003 y 2014 y exalcaldesa de la misma localidad en 2019, fuera aforada por el gobierno regional de Ayuso tras nombrarle diputada autonómica en las últimas elecciones.
Pese a ello, recaen sobre ella cuatro delitos -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública-, todos vinculados a la adjudicación de contratos a diferentes empresarios a cambio de dinero. La investigación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), reveló la relación de la actual número 3 del PP madrileño con dos empresarios: Francisco Vicente Roselló y José Luis Huerta Valbuena.
Por una parte, el primero, propietario de Neverland, resultó ser adjudicatario de un total de siete contratos entre 2006 y 2011 por un valor aproximado a los 400.000 euros. A cambio, contrató a la hermana de Millán por casi 90.000 euros y a su marido, por 37.578 euros entre 2008 y 2011. Además, Roselló pagó 51.104,67 euros por la hipoteca de un ático propiedad de Millán, haciéndolo pasar como un alquiler. Entre otros pagos, en el auto de inhibición la jueza también cita ingresos en efectivo de 42.650 euros por parte de Millán.
Por otra parte, por lo que se refiere a la vinculación con José Luis Huerta Valbuena. Fue en 2020 cuando la Fiscalía solicitó al juez Manuel García Castellón que se inhibiera en favor de un juzgado local. Según declaró el magistrado, “tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. Sin embargo, la investigación a Millán quedó archivada porque los hechos habían prescrito.
Sin embargo, fue a raíz de la relación con el otro empresario -Francisco Vicente Roselló- cuando le llegó la imputación. “Cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos al concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland que, si bien ofrecen indicios no guardan relación con la presente pieza, procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”.
Dos meses antes de trasladar la investigación al TSJM, la jueza -Laia Prada- había recibido de la UCO un nuevo informe en el que se mostraban todos los indicios investigados por la unidad de elite de la Guardia Civil en los cuatro años que duró la investigación. En este, se detallaba que Millán había autorizado diferentes pliegos de condiciones suplantando a técnicos, solicitado prórrogas y modificaciones de expedientes, adjudicando contratos de manera irregular y aceptando facturas en favor de Roselló. En dicho informe se recogen también las declaraciones de una testigo que trabajaba con Millán en la Concejalía de Juventud en las que señaló “la diferencia de trato otorgado por la ex concejala en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía”.
Caso Púnica
No solo constituye el de Millán un nuevo caso de corrupción en el historial del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sino que además mantiene estrechos vínculos con escándalos anteriores. Fue tres años después de que explotara el Caso Púnica, cuando el nuevo Gobierno en el Ayuntamiento de Arroyomolinos -Ciudadanos- descubrió a tres miembros del anterior ejecutivo tratando de deshacerse de correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre Millán y Roselló. En aquel entonces, cuando todavía estaba al frente de la Concejalía de Juventud y Deportes, fue investigada también por la supuesta concesión de más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos de su área.
