Las últimas revelaciones sobre la caja B del PP de Madrid durante la etapa en la que Esparanza Aguirre comandaba el partido a nivel autonómico -una caja B que está intervenida por la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica-, evidencian que el PP de la Comunidad obtuvo unos ingresos de hasta cinco millones de euros en negro, lo que le permitió concurrir a los comicios dopado.
En febrero de 2016 la Guardia Civil perpetró un registro en el domicilio del otrora gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner, un procedimiento en el que encontraron un pen drive con toda la información de la caja B que manejaba Gutiérrez. La información que contenía se encuentra ahora en poder del juzgado Y bajo secreto. Dicha información, revelaría que, en las elecciones autonómicas celebradas en 2007, el PP de Madrid gastó cerca de 3 millones de euros en negro, mientras que tan solo declaró ante el Tribunal de Cuentas 2,7 millones. Un gasto que descendió notablemente en las elecciones generales de 2008 y las autonómicas de 2011, ya que se gastaron poco más de 1 millón de euros. ¿La razón de este descenso? Se baraja que la respuesta podría encontrarse en la entrada en vigor de la ley que regula la financiación de partidos y que se comenzó a aplicar en julio de 2007.
El modus operandi
Según ha acreditado la Guardia Civil, el PP de Madrid recibía fondos en negro que incluía en su caja B y que utilizaba de manera ilícita de la siguiente manera: los populares de la comunidad falsificaban algunas facturas y se las pasaban a las empresas proveedoras de los servicios electorales, quienes se las cobraban a pesar de que esos trabajos jamás se realizaron. Además, se baraja la posibilidad de que se ingresara directamente en la caja B dinero que cuyo fin en un primer momento era la publicidad de los hospitales promovidos por Esperanza Aguirre.
Otro de los modus operandi del PP de Madrid consistía en que, según los últimos indicios encontrado por la Guardia Civil, varias empresas contratistas de la Comunidad colaboraban con los populares bien ingresando el dinero en la caja B o bien ingresándolo en la empresa que prestaba al PP los servicios electorales. Las empresas Over, Carat, Acciona, Grupo Ortiz, Sintra y Publibus estarían salpicadas en este sentido.
Asimismo, cabe destacar que Fundescam así como la patronal y otras empresas se dedicaban a canalizar el dinero para las campañas electorales. La primera de ellas, llegó a aportar -presuntamente- 1,5 millones de euros al PP de Aguirre en el año 2007.
De todos estos hechos de la investigación, se desprende que tanto Beltrán Gutiérrez, exgerente de Aguirre, como José Ignacio Echevarría, extesorero y exconsejero de Transportes en Madrid, y Francisco Granados, el líder de la trama, cometieron delitos electorales continuados.
