Este viernes el Partido Popular ha hecho historia al tener el dudoso honor de convertirse en el primer partido de la democracia imputado y que se sentará en el banquillo y, sin embargo, el Gobierno ha preferido mirar para otro lado y afirmar que “las responsabilidades políticas ya han pasado”.
La magistrada Rosa María Freire, del juzgado número 32 de Madrid, ya abierto juicio oral por la causa de la destrucción de los ordenadores y el borrado, rayado y hasta 35 veces formateados de los discos duros de Luis Bárcenas, el extesorero del PP.
Pese a ello, el Gobierno liderado por Mariano Rajoy ha preferido seguir apostando por el silencio y la negación. La importancia de la noticia estaba clara y también que, tras la celebración del Consejo de Ministros, el Portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, iba a ser preguntado.
Pero la valoración desde el Gobierno ha sido escasa: "Las responsabilidades políticas ya han pasado", se ha limitado a decir. "Ha habido muchas elecciones, investiduras y comparecencias del presidente del Gobierno".
Y eso que en el artículo 22 de las normas de funcionamiento interno del PP se puede leer que “desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una investigación judicial a un afiliado, por un caso de los referidos en este punto, se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial".
