Al Insituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) no ha llegado aún el cambio de Gobierno. Y si bien su Consejo de Administración ya refleja todos los nombres de la Administración Sánchez, la dirección del Instituto es la misma que en octubre de 2016, cuando el Gobierno de Rajoy nombró a Alberto Hernández como director del INCIBE:
Hasta ese momento Hernández era el número dos del ente público: director de Operaciones desde febrero de 2014. Al INCIBE llegó desde otra empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), donde ocupó el cargo de Jefe de Área de Ciberdefensa durante 13 años. Allí formó parte del equipo responsable del diseño y puesta en marcha del Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Y antes había trabajado en Indra como analista.
Alberto Hernández llega a la dirección del INCIBE después de la polémica etapa de José Manuel Soria como ministro de Industria, que estuvo plagada de acusaciones de enchufismo y despilfarro. Por ejemplo, el evento anual de ciberseguridad organizado por el INCIBE, el Cybercamp despertó polémicas después saberse que triplicaba en gastos a cualquier evento equivalente. Así que la llegada de Hernández se interpretó como un intento de apagar fuegos poniendo a un perfil eminentemente técnico al frente de la ciberseguridad civil.
Y es este carácter civil el que depierta dudas con respecto a la capacidad del INCIBE para desencriptar los archivos de Villarejo, cuando en el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), tienen más experiencia en la labor de descifrado de mensajes, una actividad propia de los servicios de inteligencia, mientras que el INCIBE es sólo una de las muchas agencias en España que se encargan de la ciberseguridad.
