Sorprende que se haga novedoso un debate bajo el que subyace una necesidad tan antigua como la humanidad. El refugio donde protegerse de las inclemencias del tiempo, en el que sentir seguridad y preservar la intimidad, da cobertura a necesidades humanas básicas como la alimentación. Al igual que no concebimos un debate sobre si prevalecen otros intereses ante el acceso a los alimentos para cualquier ser humano, el acceso a la vivienda ha de contar con todos los mecanismos de protección de las necesidades que constituyen el fin último de un derecho.

El sentimiento de arraigo identifica al ser humano y cubre necesidades puramente físicas, pero también sociales, culturales y económicas.

Decía que sorprende el debate porque además el derecho a la vivienda ya está respaldado por el derecho internacional, que lo equipara a otros tantos derechos que no presentan dudas acerca de su prevalecía porque son Derechos Humanos, de modo que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona el "derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios"

No tener hogar no supone sólo ataque a los Derechos Humanos por vulneración del derecho a la vivienda; con ello también se ven vulnerados el derecho al empleo, a la seguridad, a la salud, a la intimidad personal y familiar o a la integridad física y moral.

No olvidemos que las garantías que conllevan el reconocimiento de un derecho van ligadas al concepto de igualdad y, por tanto, se oponen a la idea de privilegio y España, en la actualidad mantiene un déficit en cuanto a la consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo sobre la consideración de ésta como un activo financiero. Y es que, a día de hoy, tener un hogar en nuestro país es un privilegio.

Corregir esta anomalía debiera estar fuera de todo debate, ya que estamos hablando de una necesidad básica de la que depende la supervivencia de los seres humanos, pero también el desarrollo de la persona en sociedad. Además de sus repercusiones en la ordenación del territorio y en la sostenibilidad medioambiental.

Pero no, nuevamente estamos ante un ataque de esa oposición que hace honor a su condición por oponerse a todo; a todo aquello que implique avanzar en el reconocimiento de derechos y libertades, pero también a todo aquello con lo que demos pasos adelante hacia un desarrollo socioeconómico sostenible, porque no olvidemos que hablar de crecimiento justo implica que éste se ha de sostener sobre dos pilares básicos: el empleo y la vivienda.

Si hacemos retrospectiva y nos fijamos en el modelo de país que nos dejaron los gobiernos de la derecha, observamos que justicia social, igualdad de oportunidades o interés general son conceptos que amenazan el mantenimiento del privilegio, y en el caso concreto de la vivienda tuvo su reflejo exponencial con la burbuja inmobiliaria que duplicó el precio de la vivienda para el beneficio de unos pocos, a costa de que una mayoría social renunciara a sus más elementales derechos.

Bajo estos mimbres, no nos ha de extrañar que hablar de vivienda asequible y habitable para todos y todas rompa con unos esquemas que priorizan el derecho a especular y que, si nada cambia, la aplicación del ámbito competencial hará que prevalezca para un 46,1% de la población, porque la consiga es que los 21,8 millones de españoles gobernados por las administraciones autonómicas del PP se queden al margen de las medidas que marcan el camino hacia el derecho a vivir.

Belén Fernández es viceportavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congreso y secretaria de Cooperación Internacional del PSOE.