La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visto turbada su plácida estancia en el apartahotel de lujo propiedad de Kike Sarasola en el que se hospeda desde hace dos meses, cuando le diagnosticaron coronavirus. Tras trascender que disfrutaba no de uno, sino de dos apartamentos del exclusivo BeMate Plaza de España a cargo de su bolsillo -presuntamente-; la polémica ha saltado por una adjudicación al propio Sarasola cuyo contrato fue modificado a la postre por el revuelo generado.

Este martes 12 de mayo la web de contratación de la Comunidad de Madrid publicó un contrato por valor de 565.000 euros para Room Mate. La polvareda fue notable, puesto que Sarasola es el actual casero de Ayuso, y el Ejecutivo regional lo atribuyó a un “error” que fue subsanado con celeridad.

Modificaron el nombre del adjudicatario y, en el nuevo documento, figura ahora la Coordinadora Tercer Sector. También cambió el importe, que pasó de 565.000 euros a 240.443,57. ¿El motivo? Según el Gobierno de Ayuso solo se utilizaría uno de los dos hoteles.

La oposición ya ha anunciado que pedirá todo tipo de explicaciones, pues resulta llamativo que la suma de ambas cifras da un montante total de 806.193,15 euros; que es la partida presupuestaria acordada en un principio.

Según ha informado la Cadena SER, el asunto va más allá. Los metadatos del documento revelarían que el contrato creado en segunda instancia fue elaborado a las 23:59 y previa llamada del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Coordinadora Tercer Sector para contar con su firma electrónica.

Una de las partes lo desmiente

A través de un comunicado, la Coordinadora Tercer Sector ha justificado “nosotros nos limitamos a desarrollar una función de prestación de servicios sociales y sanitarios” y “no nos han pagado”.

“Todo lo estamos adelantando nosotras. Además, de esto no vamos a percibir ni de lejos ninguna de las cantidades que se han reflejado en los contratos”, aseguran, por lo que piden a Ayuso que asuma responsabilidades: “Constatamos un funcionamiento inadecuado del aparato administrativo de la Secretaría General Técnica de esa Consejería y pedimos que ese órgano asuma su responsabilidad por el daño a nuestro trabajo e imagen”.