El nombre de Kike Sarasola ha vuelto este martes a la palestra después de que haya trascendido en los medios de comunicación la noticia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está alojada desde hace dos meses en una suite de lujo en el centro de la capital sin coste alguno. Un exclusivo hotel de 37 apartamentos Plaza España Skyline BeMate que es propiedad de Sarasola.
Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de Sarasola sale en los medios de comunicación. En este sentido, a comienzos de diciembre de 2019 el empresario fue también noticia después de que el Área de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid solicitara cuatro años de prisión para el empresario, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, por un delito contra la Hacienda Pública relativo en el caso de la mujer al Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2002, y en el caso de los dos hombres al Impuesto de Sucesiones.
El representante del Ministerio Público reclama a la viuda de Enrique Sarasola Lerchundi en concepto de responsabilidad civil 2.379.758,53 euros mientras que a sus hijos la cantidad asciende a los 916.452,10 euros cada uno.
Además, les exige el pago de una multa que en el caso de la Cecilia es de diez millones de euros y en el de los hijos de ocho millones (cuatro cada uno), según informó en su momento el Ministerio Público en una nota de prensa.
El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2012, fecha en que fallece Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en el 2001 ascendía a un total de 26.354.560,29 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos en las siguientes cuotas de participación: el 32,24 por ciento de las acciones a Enrique Sarasola Lerchundi; el 13,80 por ciento a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique, y el 40,04 por ciento a la sociedad Azulintas BV, sociedad domiciliada en Holanda, la cual está participada al 100 por ciento por la sociedad Scoupe International N.V., sociedad domiciliada en Curacao (Antillas Holandesas).
Este mercantil, a su vez, pertenecía en su última instancia a Enrique Sarasola Lerchundi y Cecilia Marulanda Ramírez, casados en régimen gananciales.
De manera que a través de esta estructura "opaca", según la Fiscalía, compuesta por dos sociedades holandesas la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos SA, al ser ambos las personas que en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.
A su muerte, Sarasola Lerchundi dispuso que el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV, sociedad domiciliada en Curacao, se quedara bajo la custodia de la Fundación Lyonmar, entidad panameña constituida a instancias suyas por la madre y abuela, respectivamente, de los acusados, "con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte".
De este modo dispuso que a su fallecimiento, el Protectorado de dicha Fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding SA, pasara a estar compuesto por su esposa y dos hijos, quienes podían así disponer libremente de todos los bienes y activos de la Fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos SA, titularidad de Azulintas-Scoupe International NV.
"Ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español", advierte el fiscal en su escrito.
Por su parte, Cecilia Marulanda Ramírez no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía de ese 40,04 por ciento de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe, y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621,18 euros.
Así las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido. Mientras que la cuota defraudada a la Hacienda Pública por Cecilia Marulanda Ramírez en su IRPF asciende a 2.379.758,53 euros.
