El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha anunciado la entrada en vigor de un nuevo sistema de aranceles para 60 socios comerciales, una medida con la que sustituye el gravamen temporal del 10% aplicado durante los últimos 150 días a la mayoría de las importaciones. La nueva política comercial establece tipos del 10% y del 12,5%, en función de si los países afectados cuentan con legislación suficiente para impedir la entrada de bienes elaborados con trabajo forzado. La decisión llega coincidiendo con la expiración del arancel temporal impuesto tras el fallo del Tribunal Supremo que anuló los anteriores aranceles recíprocos aprobados al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La Administración estadounidense sostiene que el nuevo esquema responde a criterios relacionados con la protección de los derechos humanos y con la corrección de prácticas comerciales consideradas desleales. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que "el presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas mundiales de suministro" y recordó que Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzado, una normativa que, según afirmó, aplica de forma rigurosa.
La nueva escala arancelaria
El nuevo sistema distingue entre dos niveles de gravamen. Los países que hayan aprobado o se hayan comprometido a implantar prohibiciones sobre la importación de productos elaborados con trabajo forzado quedarán sujetos al arancel más reducido, del 10%. Por el contrario, aquellas economías que, según la investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), no disponen de mecanismos suficientes o no los aplican de forma efectiva deberán afrontar un arancel del 12,5%.
Entre los países incluidos en el grupo del 10% figuran Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido. En el caso de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza, Estados Unidos aplicará tipos del 10% o del 12,5% dependiendo del producto afectado, mientras que el resto de economías investigadas quedarán sujetas al gravamen superior del 12,5%.
Según la ficha técnica publicada por la USTR, la medida alcanzará a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos y afectará al 99,4% del volumen de las importaciones estadounidenses, aunque contempla excepciones para determinadas categorías de productos. Entre los bienes excluidos figuran, entre otros, materiales informativos, equipajes acompañados, productos ya sometidos a aranceles en virtud de la Sección 232 y determinadas materias primas o mercancías cuya inclusión podría provocar problemas de suministro o alteraciones económicas.
Un nuevo marco tras el fallo del Tribunal Supremo
La decisión supone un cambio en la estrategia jurídica utilizada por la Administración Trump para mantener su política comercial. El pasado febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los denominados aranceles recíprocos globales impuestos bajo la IEEPA. Tras esa resolución, el Gobierno recurrió de forma temporal a otro instrumento legal para establecer un gravamen general del 10% sobre la mayoría de las importaciones, una medida con carácter limitado que expiraba este viernes.
El nuevo paquete arancelario se apoya ahora en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, el mismo mecanismo utilizado históricamente por Estados Unidos para responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias. La investigación desarrollada por la USTR incluyó consultas públicas, audiencias y la recepción de más de 2.100 comentarios antes de adoptar la decisión definitiva. Según el organismo, varios socios comerciales se comprometieron durante el proceso a reforzar su legislación sobre trabajo forzado, circunstancia que ha influido en la aplicación del tipo reducido del 10%.
Jamieson Greer defendió que la nueva política "comenzará a corregir lo que constituye tanto una violación de los derechos humanos como una práctica comercial que distorsiona la competencia", al tiempo que expresó su satisfacción por la rápida respuesta de algunos países para introducir prohibiciones sobre este tipo de importaciones. El representante comercial añadió que espera que esos compromisos se traduzcan en mecanismos efectivos de aplicación y control.
La entrada en vigor de estos nuevos aranceles marca una nueva fase en la política comercial de la Administración Trump y sustituye definitivamente al régimen temporal aprobado tras el revés judicial sufrido a comienzos de año. Con esta decisión, Washington mantiene una política de gravámenes generalizados sobre buena parte de sus importaciones, aunque ahora vinculada formalmente al grado de cumplimiento de las medidas adoptadas por cada socio comercial para impedir la circulación internacional de productos elaborados mediante trabajo forzado.
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