La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está alojada en una suite de lujo en el centro de la capital sin coste alguno desde que dio positivo en coronavirus. Se trata del exclusivo hotel de 37 apartamentos Plaza España Skyline BeMate, propiedad del empresario Kike Sarasola. El apartahotel tiene dos terrazas, dormitorio con vestidor, baño propio, salón-comedor y cocina integrada. El precio para su uso y disfrute es de 200 euros la noche, por lo que el montante total ascendería ya a 12.000 euros. El Ejecutivo regional asegura que no costean ellos la suite.

“El alojamiento de la presidenta no ha generado ningún coste para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid”, justifica la Comunidad de Madrid, según recoge Vanity Fair.

El empresario Kike Sarasola dispuso su red de hoteles para la Comunidad de Madrid con motivo de la pandemia, y según parece Ayuso le está dando buen uso. El problema es que estaría incumpliendo tanto el Código ético de la Comunidad de Madrid como el del Partido Popular.

El 31 de octubre del año 2016, entonces con Cristina Cifuentes al frente, el Consejo de Gobierno aprobó que “los altos cargos no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual”. El objetivo era incidir en una actuación neutral y transparente tras las sombras de sus predecesores. ¿Es el alojamineto en una suite exclusiva una "muestra de cortesía habitual"?

Asimismo, el código de conducta de los populares madrileños, también aprobado por Cifuentes, incluye en su artículo quinto que los cargos públicos deben renunciar en caso de “dar, ofrecer, aceptar o solicitar de forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en atención al cargo o responsabilidad que ostente, que puedan influir en sus decisiones o en las de terceros para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros”.

Pero claro, las leyes no solo basta con disponerlas, sino que se debe salvaguardar su cumplimiento. No obstante, los responsables de fiscalizar que los altos cargos cumplan con el código ético de la Comunidad de Madrid así como el del propio partido dependen de Ayuso.