Todos los focos apuntaban este jueves hacia la Carrera de San Jerónimo. Tras oficializar el acuerdo para la ley de amnistía entre PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Comisión de Justicia se pertrechaba para empaquetarla y remitirla al pleno del Congreso de los Diputados en una jornada no exenta de su habitual cuota de tensión. La derecha ha maniobrado para torpedear la sesión de la comisión, solicitando su suspensión para estudiar las modificaciones acordadas por socialistas y sus socios independentistas. Un intento del PP, el “gran derrotado” de la jornada para muchos junto a la judicatura, para frenar el mar con las manos. La Mesa no vio el órdago de los populares, que dio luz verde a un texto que se aprobará el próximo jueves en el pleno.

Sonrisas de oreja a oreja en todos los implicados. Todo eran loas y felicitaciones, incluso a sí mismos, por consolidar el desvío a la autopista del “reencuentro” y la “reconciliación” de todo el país tras una década ominosa de “derrotas” conjuntas. Los actores protagonistas desfilaban por el patio del Congreso de los Diputados celebrando el regreso de la “política a la política”; el clásico mantra independentista compartido desde hace algún tiempo por todo el bloque progresista. El acuerdo del miércoles, llegado al filo de la noche, supone un antes y un después. Un “hecho para la historia” para Félix Bolaños.

La amnistía verá la luz el próximo 14 de marzo. Una sesión plenaria y monográfica para que la mayoría de la investidura bendiga la proposición de ley que este jueves ha sido aprobada en la comisión de justicia. El orden del día del pleno de la próxima semana ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni Partido Popular ni Vox concederían. Por tanto, los impulsores del texto han buscado el camino alternativo. Convocarán un segundo pleno el próximo jueves y las enmiendas que aún estaban vivas se retirarán, según confirman fuentes parlamentarias. De este modo, se descarta cualquier eventual modificación.

Una ley “impecable”

La legislatura estaba en juego esta semana. Este jueves era el último día para que la comisión emitiera un dictamen sobre una ley de amnistía que es el pasaporte para que el Gobierno resistiera estos próximos cuatro años, Presupuestos aparte. Así de cruda era la realidad en estos complejos 100 días de coalición progresista, que ha tenido que renunciar a su inmovilismo inicial para desatornillar a Junts del veto primigenio del pasado 30 de enero y colocar la primera piedra hacia las cuentas públicas.

En cualquier paso, a pesar de las modificaciones ya bendecidas por la comisión de justicia, la ley de amnistía no transgrede ningún resorte legal. Los actores implicados se han esmerado en recordarlo desde primera hora de este jueves, aferrándose a la narrativa del derecho europeo. Es más, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha marcado el dictamen de la Comisión de Venecia como catalizador de las negociaciones. Tras conocer el borrador, las conversaciones se aceleraron. Sobre ello han abundado los socialistas a lo largo de la mañana, apelando a las 54 amnistías europeas consagradas por la Comisión.

Jueces y represión

La óptica independentista se desapega del relato socialista. Neoconvergentes y republicanos coinciden en que la ley de amnistía es un “gran paso” adelante, a pesar de que dan por seguro que la “represión continuará”. Estarán vigilantes, advierten desde las dos formaciones, con especial atención a las decisiones de la “cúpula judicial”. Las maniobras de la judicatura fueron el germen del veto de Junts en enero. Un hecho que han neutralizado con las modificaciones, dado que ahora los jueces incurrirían en prevaricación. “Ya no dependerá de la imaginación y la fabulación de los magistrados”, se jactaba la portavoz parlamentaria de la fuerza de Puigdemont, Míriam Nogueras.

La opinión es compartida en el seno independentista. No es un “punto y final” sino un “punto de partida” para abordar el conflicto catalán. Los republicanos mantienen intacta sus máximos de referéndum y así lo deslizaba ante los periodistas la portavoz de ERC, Teresa Jordà. La ley de amnistía cuenta con la “seguridad jurídica necesaria” para dar cobertura a “todas las personas”, incluyendo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y las “mil personas implicadas” en la causa procesista. Felicitaciones y celebración entre los nacionalistas, aunque más satisfechos se encuentran en el espectro neoconvergente, entendiendo que su presión ha eliminado los “agujeros” de la primera redacción.

Una derecha incendiada

En paralelo, la derecha se ha aferrado a todos los clavos ardientes posibles para torpedear la sesión de la comisión. Previo al arranque, la diputada del PP Cuca Gamarra solicitaba a la mesa la suspensión y aplazamiento. Los conservadores se amparaban en la falta de tiempo para estudiar las modificaciones incluidas en la ley. La solicitud, sin embargo, fue denegada tras un breve receso que alimentó la inflamación en la derecha.

Gamarra cerró el turno de intervención en una sesión que se convirtió en una orgía de reproches a los conservadores, con recordatorios incluso a la “cobardía” de un Núñez Feijóo que reconoció a sotto voce que tuvo la amnistía sobre la mesa. La parlamentaria popular afiló sus cuchillos para lanzárselos al Gobierno, en un intento por dañar el revestimiento de constitucionalidad que estableció Moncloa. “Es injusta, inconstitucional e inmoral. Aquí no se ha cerrado nada, por mucho que lo reitere el PSOE. Se vuelve al punto de partida”, espetó contrariada la exportavoz parlamentaria del PP, al tiempo que afeaba a los socialistas el perdón “a los delitos más graves en democracia” sólo para “que sigan manteniendo el poder”.

La derecha al unísono ha clamado contra lo que ha tildado de “ley corrupta” y un “ataque despiadado” a la separación de poderes y a la “independencia del poder judicial”, así como a la “igualdad de todos los españoles”. El portavoz de Vox en la comisión, Javier Ortega Smith, elevaba el tono contra un articulado “redactado para los golpistas y delincuentes”, en una suerte de ejercicio de “compra de votos”. Una intervención trufada de palabras gruesas, acusaciones explícitas e incluso amenazas, pues ha advertido de que su formación, independientemente de su aprobación, dará el todo por el todo para “derogar” el texto y sentar en el banquillo a los “golpistas”.

Y es que el portavoz ultraderechista ha recriminado al PSOE sus “concesiones” en materia de terrorismo, malversación e incluso en “delitos de torturas y contra la paz”. “¡Qué vergüenza!”, exclamaba Ortega Smith mientras enumeraba las “coletillas” introducidas en la nueva redacción para amnistiar estos delitos.

¿Y ahora qué?

Ni las soflamas conjuntas de la derecha y la ultraderecha ni las maniobras del PP han impedido que la Comisión de Justicia envuelva para regalo la proposición de ley. Será el próximo jueves cuando se debate y apruebe -a priori- la medida de gracia, ya sin las enmiendas que quedaban vivas, en el pleno del Congreso de los Diputados. Los impulsores se vieron obligados a convocar una nueva sesión, dado que para modificar el orden del día se requería una unanimidad que ni PP ni Vox están dispuestos a conceder. Por lo tanto, la nueva fecha clave es el 14 de marzo.

Al tratarse de una normativa de rango orgánico, la amnistía necesita ahora el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara Baja (176 escaños), por lo que no hay espacio para el error o la ausencia. En caso de prosperar, iniciará su camino hacia el Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular dilatará al máximo los trámites; aunque no podrá retrasarlo más allá de dos meses, pues es el límite fijado por la Constitución. Por lo tanto, su entrada en vigor se barrunta para finales del mes de mayo.

Con el bloque de la investidura bien compactado gracias al pegamento de la amnistía, la meta que se vislumbra en el horizonte ya son los Presupuestos Generales del Estado. A pesar de que todo el mundo exhibe su voluntad “inequívoca” a sacar adelante las cuentas públicas, la aprobación de la medida de gracia no implica un ‘sí’ incondicional al proyecto de ley presupuestario. Así lo han hecho saber las diversas fuerzas políticas y es donde ha puesto el acento Junts, quienes ya han advertido de que el PSOE tendrá que sudar sangre para conseguir su voto favorable. No obstante, los neoconvergentes – y prácticamente todos los grupos – ponen el contador a cero.

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