Con la amnistía en dependencias del Senado y el 12 de mayo marcado a fuego en todos los calendarios, Gobierno y socios pasan página. Enfundados ya en el mono electoral, el independentismo recupera sus máximos con el referéndum como principal moneda de cambio en la negociación y también como carta de presentación en la campaña, mientras Carles Puigdemont saca lustre a su libro de recetas intervenido por el 155 en 2017. Postulado, en cualquier caso, que contrasta con la respuesta institucional del ala socialista en el Ejecutivo, con Pedro Sánchez dando la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. 

No hubo que esperar demasiado para la transición de loas por la amnistía a la escenificación de la confrontación política. El éxito de la medida de gracia queda ahora en eclipsado tras el grueso espesor de la capa electoral. El regreso de Carles Puigdemont zarandea el tablero en Cataluña, aventurando una batalla encarnizada por la hegemonía independentista, al mismo tiempo que buscan minimizar a un PSC al que las encuestas no le bajan de la primera posición destacada.  Un juego de equilibrios canalizado por posiciones de máximos. Tal es así, que el debate público en Cataluña ha regresado, en cierto modo, al 2017.

El 20 de febrero, pese a contar con un informe desfavorable de los letrados del Parlament, la Mesa de la Cámara validó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con el sello Solidaritat Catalana per la Independència. Un proyecto concebido para llevar a último término la hoja de ruta procesista y que salió adelante con los votos de la CUP y Junts, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se abstuvo. Votación encapsulada en plenas negociaciones por la amnistía con el Partido Socialista.

Orden directa de Sánchez

La maniobra del soberanismo catalán augura una nueva batalla con el Estado español. El Gobierno, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución Española, se guarda el as del recurso ante el Tribunal de Garantías para impugnar las disposiciones y resoluciones adoptadas por órganos autonómicos. La decisión debe tomarla el Consejo de Ministros, con arreglo a un informe previo del Consejo de Estado. Y así ha sido. El Ejecutivo ha dado luz verde a la impugnación este martes, propiciando la primera batalla al independentismo tras amarrar la ley de amnistía. De hecho, el PSC ya presentó un recurso de inconstitucionalidad, aunque a diferencia del movimiento de la Administración estatal, este no conllevaría automáticamente la suspensión.

La decisión de impugnar la resolución de la Mesa del Parlament nace del propio presidente. Fue Sánchez el que requirió jugar esta baza, máxime en este momento de precampaña electoral y ante una derecha que persiste en igualar al PSOE -y por ende al Gobierno- con Junts y Esquerra. Es el argumento que blanden desde Génova desde el pistoletazo de salida de la prematura carrera por la Generalitat. El texto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros recoge una “expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de dicho acuerdo”.

El independentismo recupera sus máximos

En cierto modo, ningún resorte soberanista ha renunciado nunca a la autodeterminación. Es más, durante estos meses, los principales actores políticos han recordado que el referéndum aún sigue en su hoja de ruta. No obstante, el adelanto electoral en Cataluña lo cambia todo. El primero en verbalizarlo fue el expresident de la Generalitat. Puigdemont anunció su candidatura y prometió “culminar con éxito el proceso de independencia iniciado en octubre de 2017”, coincidiendo con el décimo aniversario del 1 de Octubre en 2027. Fecha que, a la postre, se antojaría idónea para una nueva consulta, por su simbolismo.

ERC fue a rebufo del expresident, clarificando que su objetivo para la nueva legislatura es “cambiarlo todo”, incluyendo un nuevo régimen de financiación para Cataluña ante la “injusticia” del modelo autonómico. Así lo sugirió Oriol Junqueras, haciendo mención de honor a la consecución de un nuevo referéndum de autodeterminación. “Con suficiente apoyo de la gente, debemos ser capaces de hacerlo. Y, si fuera necesario que algunos volvamos a la cárcel, volveremos”, espetó. Misma línea que siguió Marta Rovira, quien insistió en que es una de las cartas que los republicanos pusieron sobre la mesa de negociación con el Gobierno. “Estamos esperando a que el PSOE ponga su propuesta de resolución del conflicto político”, argumentó ante TV3 tres días después de ambas fuerzas se reunieran con el verificador.

El PSOE se desmarca

En Ferraz se abonan constantemente a la “discreción” como respuesta a cualquier disquisición sobre la negociación con los partidos independentistas. Eso sí, “transparencia y publicidad en los acuerdos”. Sin embargo, ya no se muerden la lengua para negar la mayor y despejar la presión de sus aliados parlamentarios, máxime cuando airean una presunta propuesta de referéndum. La dirección federal es cristalina al respecto, al menos ahora. “El PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones”, repelió la portavoz de la Ejecutiva ante las cámaras de TVE, precisando que “ni está encima de la mesa” ni es voluntad de la formación.

En Ferraz se alinean con las tesis que Esther Peña sentó en la televisión pública. Los socialistas están en lo que “importa” a la ciudadanía catalana, que no es otra que los servicios públicos, el empleo, la vivienda y otras cuestiones de calado social. Desde el partido encuadran las apelaciones al referéndum en el escenario de precampaña, donde se enarbolan posiciones de máximos, especialmente cuando en el independentismo se libra una batalla para ver quién es más ambicioso en sus postulados y acorde a la hoja de ruta secesionista. No comparten sus anhelos, pero entienden su derecho intrínseco a exponerlos.

Illa ya exhibió su rechazo a una consulta por su carácter “divisorio” en la sociedad catalana, al tiempo que reivindicaba la amnistía como una iniciativa de “generosidad” que ayuda a consolidar la concordia y “a unificar”. “No hay rupturas y no hay divisiones en la hoja del ruta del PSOE: no las hay ahora ni las ha habido nunca”, apostillaba Esther Peña, al tiempo que en la cúpula socialista limitan el impacto que la medida de gracia pudiera tener en las urnas e insisten en que el único centrado en los “problemas reales de los catalanes” es el propio Salvador Illa. “Por eso lidera”, recuerdan.

Pinza por la derecha

En cualquier caso, los socialistas tendrán que hacer un complejo juego de equilibrios sin perder la perspectiva estatal. Confrontación con el independentismo, pero mano dura con sus aspiraciones rupturistas; máxime con el Partido Popular dibujando al PSOE como cooperador necesario del independentismo. “Tienen un proyecto político que es insaciable y cualquier respuesta que se dé va a resultar insuficiente”, recalcó el portavoz nacional de los conservadores, Borja Sémper, quien apostillaba que la amnistía “no será suficiente para saciar sus ansias”, como tampoco lo fue la supresión del “delito de sedición” o la rebaja de la malversación.

“El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés y Sánchez lo ha vuelto a activar. Ésta es la realidad. Que lo sepamos nosotros tiene una importancia relativa, lo importante es que también lo sabe Puigdemont. Los independentistas le tienen tomada la medida a este Gobierno y no sólo amenazan con la vuelta a la unilateralidad, sino que la van a poner en marcha como ya están anunciando”, remató.

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