Carles Puigdemont será el candidato a la presidencia de la Generalitat de Junts per Catalunya por tercera vez consecutiva. En ninguno de los dos anteriores intentos ganó las elecciones. En 2017 fue derrotado por Inés Arrimades (Ciudadanos) y en las de 2021, por Salvador Illa (PSC). En las primeras obtuvo dos diputados más que ERC y en las segundas quedó además por detrás de Pere Aragonés. ¿Por qué en esta ocasión podría ser diferente? Porque, gracias a la amnistía, es la primeva vez que realmente tiene opciones de ser investido. Para ello, aunque Illa reedite su victoria, debe darse una mayoría del bloque independentista en el Parlament, que Puigdemont consiga un voto más que Aragonés y que ERC acceda a investirlo presidente.

En el lenguaje particular de Puigdemont y los suyos esta hipótesis le permitiría “ser restituido” en la presidencia de la Generalitat. Puigdemont ocupó de rebote la presidencia en enero de 2016 por el veto de la CUP a Artur Mas y fue cesado de la misma por el artículo 155 en octubre de 2017, tras el intento fallido de proclamar la república catalana de forma unilateral. No lo tendrá fácil el ex presidente. Por una parte, por el empeño de la justicia de dejarlo al margen de los beneficiados de la amnistía por una acusación hiperbólica de terrorismo. Y por la otra, por culpa de su propio partido que forzó un retraso en la aprobación de la ley orgánica que ahora podría perjudicarlo por unas pocas semanas de margen.

Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye no parecen tener dudas sobre la condición de amnistiado automático del veterano candidato a la presidencia. Tan seguros están que el aspirante de Junts ha prometido desde Elna que de poder ganar la investidura regresará a Barcelona mal que le pase a algún juez. En la campaña de 2017, la convocada durante la vigencia del 155, ya lo prometió, entonces en un acto en Igualada, vía telemática. En aquella ocasión era simplemente un eslogan electoral porque sabía perfectamente que no era posible, salvo asumiendo el riesgo de ingresar en la cárcel.

Ahora, gracias a su pacto con Pedro Sánchez, su promesa electoral tiene algo más de credibilidad, a pesar de la dificultad para calcular el calendario de aplicación de la amnistía y el riesgo de querer aventurar como acabará la causa asumida por el Tribunal Supremo contra él y contra el diputado de ERC, Ruben Wegensberg, a cuenta del supuesto carácter terrorista de Tsunami Democràtic. Y al margen de estas dos cuestiones de relevancia judicial está por ver su resultado electoral y la evolución de las maltrechas relaciones entre Junts y ERC en periodo electoral.

Hasta la fecha, los partidos independentistas han apoyado la investidura del candidato soberanista mejor colocado en la noche electoral. En 2017, ERC ofreció disciplinadamente sus votos al candidato de Junts, Quim Torra, que accedió a la presidencia de la Generalitat por la imposibilidad de Puigdemont de cumplir su promesa de regresar a Barcelona. En 2021, Junts invistió a Pere Aragonés a regañadientes y al poco abandonó el gobierno conjunto por incompatibilidad manifiesta de sus respectivas estrategias.

Antes del diluvio institucional de 2017, no sucedió así. En los comicios de 2015, el aspirante a la reelección era Artur Mas, sin embargo, Junts pel Sí (CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya y Moviment d’Esquerres) necesitaban los votos de la CUP  para mantenerlo en la presidencia de la Generalitat. Los antisistema se negaron a votar a un dirigente del partido del 3% y exigieron un cambio de candidato. Entonces, Mas echó mano del alcalde de Girona para sorpresa general. Puigdemont, que ocupaba un discreto tercer lugar por la circunscripción de Girona, fue aupado a la presidencia, desencadenándose el Armagedón independentista.

De no mediar un revolcón electoral de proporciones bíblicas, Carles Puigdemont solo podrá ser investido presidente con los votos de ERC, como mínimo. Y esta eventualidad volverá a confrontar las contradicciones que les mantienen enfrentados desde 2017. El candidato de Junts ya avanzó el pasado jueves que de no obtener del Estado una vía negociada para votar la independencia volverá a recorrer la senda de la unilateralidad. Pere Aragonés está instalado en su diálogo bilateral con el gobierno de Pedro Sánchez y ERC tardó solo unos minutos en rechazar la propuesta de Puigdemont de retomar la idea de la lista unitaria independentista, se supone que encabezada por él. Los republicanos argumentan, de momento, que no es tiempo de repetir errores del pasado. Habrá que ver que dicen en la noche del 12 de mayo de ser posible una mayoría independentista.

El reto de Puigdemont es mayúsculo. Al margen del desencuentro personal y político con ERC, el candidato de Junts deberá lidiar con el sector del independentismo que sigue pensando en él como el presidente que huyó a Bélgica cuando podría haber implementado una república. Una república que aprobó el Parlament en una solemne sesión en la que Puigdemont no abrió la boca. Este sector de opinión tendrá la opción recién organizada por Clara Ponsatí, compañera de aventura de Puigdemont con quien ha roto relaciones por su parsimonia en reanimar la independencia adormecida. También desde la extrema derecha nacionalista intentarán rascarle algunos votos, con Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, al frente.

El rio revuelto del espacio electoral independentista le podría venir bien a Salvador Illa. Con matices. El PSC sigue siendo el favorito para ganar las elecciones, aunque ningún sondeo le acerca a la mayoría suficiente para superar una investidura sin el concurso de alguno de los grandes grupos. Mientras tanto, el protagonismo de Puigdemont en campaña amplificará las consecuencias de la amnistía, por ser el aspirante de Junts el ejemplo paradigmático de los efectos benéficos de la misma.

Se da el caso de que el electorado socialista está dividido ante dichos efectos benéficos del perdón orgánico. Un 40% de los electores del PSC manifestaban inicialmente reticencias a la aprobación de la ley. El porcentaje se ha reducido en diez puntos, sin embargo, la participación electoral del icono de la amnistía podría truncar esta tendencia a la baja. Puigdemont convertirá en ítem electoral el anunciado obstruccionismo del PP al progreso parlamentario de la ley y las previsibles restricciones judiciales a la misma, personificadas en su caso y en sus aspiraciones a la presidencia de la Generalitat. convertir.